El Gobierno colombiano expresó su rechazo al aumento superior al 900 % en la tarifa que Ecuador cobra por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una decisión que impacta directamente la operación petrolera en el sur del país y añade un nuevo punto de fricción en la relación bilateral.
La medida adoptada por Quito elevó el costo por barril desde un rango cercano a USD 2,5–3 hasta valores que superan los USD 30, lo que modifica de manera sustancial la estructura de costos para los productores colombianos que dependen de esta infraestructura para exportar su petróleo. El ajuste se produce en un contexto ya marcado por tensiones comerciales y restricciones energéticas entre ambos países.
El Ministerio de Minas y Energía calificó el aumento como unilateral y desproporcionado, al considerar que no responde a criterios técnicos ni económicos y que desconoce compromisos previamente pactados. Desde la cartera se advirtió que la decisión pone en riesgo la viabilidad de la producción en zonas como Putumayo, donde operan principalmente pequeños y medianos productores con escasas alternativas logísticas.
“El Gobierno ecuatoriano incrementó de forma arbitraria el costo del transporte de crudo por uno de sus oleoductos, incumpliendo acuerdos como el suscrito el 13 de febrero de 2011 y afectando especialmente a los productores de menor escala”, afirmó el ministro Edwin Palma.
Según el Ministerio, el impacto del alza se concentra en una región con limitaciones históricas en infraestructura y alta vulnerabilidad social. En Putumayo, el acceso al SOTE no solo es clave para la comercialización del crudo, sino que también sostiene economías locales y encadenamientos productivos en territorios donde la presencia estatal ha sido intermitente.
El SOTE, de propiedad estatal ecuatoriana, conecta la Amazonía con la costa del Pacífico y es utilizado tanto por Ecopetrol como por empresas privadas colombianas. De acuerdo con cifras citadas por AFP, en noviembre pasado se transportaron por este sistema cerca de 10.300 barriles diarios de petróleo colombiano, una cifra menor frente a su capacidad total de 360.000 barriles por día, pero estratégica para la producción del sur del país.
El nuevo esquema tarifario altera de forma abrupta la rentabilidad de estas operaciones. En un escenario de precios internacionales del crudo a la baja, el aumento en los costos de transporte eleva el punto de equilibrio de los proyectos y podría derivar en suspensiones temporales o cierres de producción. Este efecto se trasladaría rápidamente al empleo, a los proveedores regionales y a los ingresos fiscales locales.
La decisión ecuatoriana se suma a una escalada diplomática y comercial más amplia. En días recientes, Bogotá y Quito se impusieron aranceles del 30 % a sus exportaciones, luego de que Ecuador justificara gravámenes a productos colombianos por motivos de seguridad fronteriza. Colombia respondió con medidas similares sobre bienes ecuatorianos y con la suspensión de la venta de energía eléctrica, un insumo clave para un país con déficit en generación.
Las cifras comerciales reflejan el trasfondo del conflicto: entre enero y octubre de 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron USD 1.529 millones, mientras que las ecuatorianas hacia Colombia sumaron USD 680 millones, según Analdex. El intercambio bilateral ronda los USD 2.800 millones, lo que convierte al sector energético en un elemento estratégico dentro de la disputa.
Desde Quito, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó el ajuste tarifario y explicó que se trata de una modificación en el cobro aplicado a usuarios extranjeros del SOTE. Sin embargo, no se han divulgado estudios técnicos, análisis de costos ni criterios comparativos que respalden el incremento, ni se ha precisado si responde a necesidades de inversión, variables ambientales o razones fiscales.
Ecuador también opera el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), de carácter privado, por el cual se han transportado cerca de 46 millones de barriles de petróleo colombiano desde 2013. Sobre este sistema, el Gobierno ecuatoriano ha señalado que las tarifas se rigen por acuerdos entre privados, lo que añade un elemento de incertidumbre para los exportadores colombianos.
Para Colombia, la medida vulnera el espíritu de los acuerdos binacionales y los principios de integración andina orientados a facilitar el tránsito de bienes estratégicos. El Ministerio de Minas aseguró que existían conversaciones en curso que fueron interrumpidas de manera abrupta y recordó, además, recientes atentados contra infraestructura eléctrica en Cauca y Nariño, lo que llevó a reforzar la seguridad en el suroccidente del país.
En su pronunciamiento más reciente, el ministro Palma también lanzó críticas a sectores empresariales nacionales, a los que acusó de guardar silencio frente a decisiones externas que afectan a regiones completas, mientras reclaman medidas internas de emergencia económica.
El desenlace del conflicto dependerá ahora de la capacidad de ambos gobiernos para reconducir la disputa por vías técnicas y diplomáticas. Para las zonas productoras, cada día de incertidumbre implica decisiones operativas inmediatas; en el plano bilateral, el episodio deja en evidencia la fragilidad de los acuerdos cuando la coyuntura política redefine las reglas del intercambio.
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