El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron comparecer ante una investigación del Congreso relacionada con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, una decisión que frena, por ahora, una eventual votación para declararlos en desacato.
El caso Epstein, que ha salpicado a figuras influyentes de la política, las finanzas y el entretenimiento, vuelve a sacudir a Washington en medio de una fuerte polarización partidista. A este escenario se suman las denuncias de varias víctimas, luego de que recientes documentos divulgados expusieran sus identidades sin la debida protección.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Republicano, había acusado a Bill Clinton —presidente entre 1993 y 2001— y a Hillary Clinton —jefa de la diplomacia estadounidense entre 2009 y 2013—, ambos militantes demócratas, de incumplir citaciones formales para rendir declaración presencial sobre sus relaciones con Epstein, quien fue encontrado muerto en una cárcel en 2019.
En un primer momento, los Clinton rechazaron asistir a la audiencia convocada por los legisladores que indagan cómo actuaron las autoridades en investigaciones previas contra el exfinanciero, conocido por su cercanía con miembros de la élite política y económica internacional.
No obstante, su portavoz, Ángel Ureña, informó a través de la red social X que “el expresidente y la exsecretaria de Estado comparecerán” y que esperan que su decisión “establezca un estándar que se aplique a todos los involucrados”.
Desde el Partido Demócrata sostienen que la investigación se está utilizando como una herramienta política para golpear a los adversarios del presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein y, hasta ahora, no ha sido convocado a testificar.
Trump, según recuerdan sus críticos, intentó durante meses frenar la publicación de los expedientes vinculados al caso, que atraviesa círculos de multimillonarios, dirigentes políticos, académicos y celebridades.
Ni Trump ni los Clinton han sido imputados penalmente por hechos relacionados con las actividades de Epstein.
En las comunicaciones enviadas inicialmente al Congreso, los Clinton argumentaron que las citaciones carecían de validez legal al no definir un objetivo legislativo concreto.
Los republicanos, por su parte, defienden que las conexiones entre la pareja demócrata y Epstein —incluidos los viajes que Bill Clinton realizó a comienzos de los años 2000 en el avión privado del exfinanciero, antes de que este fuera condenado por prostitución de menores— justifican que ambos sean interrogados en persona.
Como alternativa, los Clinton habían entregado declaraciones juradas escritas, en las que detallaron su conocimiento sobre Epstein y sobre su socia Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por delitos de tráfico sexual.
En esos documentos, Bill Clinton admitió haber utilizado el jet de Epstein para misiones humanitarias vinculadas a la Fundación Clinton, pero aseguró que nunca estuvo en la isla privada del magnate.
Tras confirmarse que la pareja testificará, el Comité de Reglas de la Cámara decidió el lunes en la noche suspender la votación prevista sobre el proceso de desacato.
Paralelamente, un tribunal revisará este miércoles una solicitud para restringir el acceso a los archivos del caso Epstein, luego de que varias víctimas denunciaran que sus nombres no fueron protegidos adecuadamente en los documentos divulgados.
El Departamento de Justicia publicó la semana pasada lo que aseguró sería el último paquete de documentos, fotografías y videos relacionados con Epstein, lo que reavivó una tormenta política que también ha puesto en una posición incómoda al presidente Trump.
Sin embargo, la entidad quedó en el centro de las críticas cuando se reveló que los nombres de presuntas víctimas, que debían permanecer en el anonimato, aparecieron sin censura, de acuerdo con abogados citados por The New York Times.
En una carta enviada a los jueces, los abogados Brad Edwards y Brittany Henderson, del bufete Edwards Henderson de Florida, señalaron que uno de los correos incluidos en los archivos “listaba a 32 víctimas menores de edad, con solo un nombre oculto y 31 visibles”.
Otra mujer denunció que su dirección completa fue publicada en los documentos oficiales.
Ante esta situación, los abogados pidieron la “eliminación inmediata” del sitio web gubernamental en el que se alojaban los archivos.
La aparición del nombre de una persona en los documentos de Epstein no constituye, por sí sola, una prueba de conducta criminal. Sin embargo, los archivos divulgados evidencian algún tipo de relación entre el delincuente sexual o su entorno y diversas figuras públicas que previamente habían minimizado o negado dichos vínculos.
El juez federal Richard M. Berman indicó, en una breve orden revisada por la AFP, que convocará una audiencia este miércoles para abordar el asunto.
El domingo, el Departamento de Justicia afirmó que estaba “trabajando sin descanso” para aplicar nuevas censuras a los documentos, luego de que periodistas del New York Times identificaran decenas de imágenes de personas desnudas con sus rostros visibles.
De acuerdo con el diario, la mayoría de esas fotografías ya fueron retiradas o parcialmente ocultadas.
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