Cumplimiento de sanciones restaurativas de la JEP según nuevo decreto

Nuevas Sanciones Restaurativas de la JEP

Casi diez meses después de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra individuos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, el Gobierno ha promulgado un decreto que establece las condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan las sanciones impuestas. Este Decreto 0652, presentado por el Ministerio de Justicia, se centra en dos sanciones clave: el macrocaso 01, que aborda los secuestros perpetrados por exmiembros de las Farc, y el macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas encubiertas como combates, particularmente los casos de falsos positivos que tuvieron lugar entre 2002 y 2005.

Financiación de los Proyectos Restaurativos

Uno de los aspectos más cruciales del decreto es la financiación para la ejecución de estas sanciones. El Ministerio de Justicia ha determinado que los recursos deberán provenir principalmente de las entidades públicas, tanto del nivel central como del descentralizado. Además, se contempla la posibilidad de obtener financiamiento a través de cooperación internacional y asociaciones con el sector privado, según las competencias legales de cada entidad.

El debate sobre la financiación comenzó en agosto de 2025, cuando el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, anunció una asignación inicial de COP 20.000 millones destinados a la implementación de las sentencias. Sin embargo, quedó claro que aún se necesitaban otros COP 30.000 millones para ser transferidos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que administrará los recursos.

Presupuesto y Recursos

En un informe posterior, la Contraloría General apuntó que el Estado requerirá cerca de COP 500.000 millones para garantizar la implementación adecuada de las sanciones restaurativas y avanzar en la reparación de las víctimas. El decreto precisa que la disponibilidad de estos recursos dependerá de la planificación fiscal del Gobierno. A pesar de las restricciones presupuestales, el decreto subraya que estas deben interpretarse en consonancia con la obligación del Estado de implementar de buena fe el Acuerdo Final de Paz.

Condiciones para los Comparecientes

El decreto también establece que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para que los comparecientes realicen las sanciones impuestas. Sin embargo, se aclara que estas no constituyen beneficios económicos ni contraprestaciones por servicios. Asimismo, la norma estipula que el Gobierno proporcionará la capacitación y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades requeridas, siempre sin crear derechos laborales o relaciones contractuales.

Antes de iniciar los proyectos, la JEP, en colaboración con las entidades implicadas, podrá realizar campañas de sensibilización en las comunidades receptoras. Esto busca fomentar la confianza colectiva y promover un clima de reconciliación.

Protocolos de Seguridad

El decreto también aborda los protocolos de seguridad que deben implementarse para proteger a los comparecientes durante la ejecución de sus sanciones. Las entidades que participen voluntariamente en los proyectos restaurativos asumirán los costos de evaluaciones médicas, así como de medidas de protección personal para garantizar seguridad durante las actividades.

Se requiere que los comparecientes tengan cobertura de salud, lo que significa que deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud bajo alguna modalidad, y la entidad líder del proyecto es responsable de su inclusión. La JEP tendrá la facultad de verificar que este proceso sea realizado de manera correcta.

Formalización y Seguimiento

La participación de los comparecientes en los proyectos deberá formalizarse mediante un documento que detalle la entidad ejecutora, las actividades a realizar y las condiciones de seguridad necesarias. Además, el decreto ordena al Ministerio de Defensa y otras autoridades competentes que implementen protocolos específicos, especialmente si hay una solicitud de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Finalmente, se establecerán evaluaciones de riesgos personalizadas y colectivas, con un enfoque diferenciador y territorial, con el fin de asegurar que los proyectos restaurativos se desarrollen de manera segura para todos los involucrados.