La tarde del 22 de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en respuesta a la grave situación humanitaria que enfrentan las comunidades campesinas en La Fuente, corregimiento Cerro Azul, Aracataca (Magdalena). Este conflicto ha surgido debido a los recientes combates entre el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo.
La Defensoría reportó que, aunque los enfrentamientos han cesado, persiste incertidumbre sobre posibles víctimas civiles. La población, aún expuesta a fuertes riesgos, vive con la amenaza de actores armados y la posible presencia de artefactos explosivos cerca de sus hogares. Esto ha llevado a muchas familias a buscar refugio en áreas urbanas y municipios cercanos. Se han identificado al menos 46 familias en situación de desplazamiento forzado, afectando a un total de 172 personas, incluidos 63 niños y adolescentes.
Para quienes han decidido permanecer en la vereda, la situación es igual de crítica. Las restricciones a su movilidad son evidentes, ya que están sujetas a la influencia de grupos armados. Las prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario han incluido la retención de teléfonos celulares y la limitación del acceso a mercados, así como del transporte. Esta realidad agrava aún más la vulnerabilidad de estas comunidades.
El contexto de riesgo se intensificó con la lucha por el control territorial entre las ACSN y el Clan del Golfo. La Defensoría subrayó que este conflicto ha causado deterioro en la situación de la población civil. Por lo tanto, se ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.
La Defensoría también ha enfatizado la necesidad de monitorear continuamente la situación, especialmente en vista de la posibilidad de reactivación de combates. Asimismo, solicitó a la administración municipal la activación del Plan de Contingencia, que garantice atención humanitaria de emergencia a los desplazados. Además, se pidió apoyo a la Gobernación y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió un llamado para que se mantenga y fortalezca el apoyo a los menores afectados por la violencia. Este enfoque se convierte en un pilar fundamental para afrontar la crisis.
Finalmente, la Defensoría exhortó a la fuerza pública para que adopte todas las medidas necesarias, siempre respetando el Derecho Internacional Humanitario, con el fin de proteger a la población civil y mitigar la crisis humanitaria en esta región.
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