Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, al menos 34 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según un informe de la Defensoría del Pueblo. La entidad subraya que estos crímenes representan un grave golpe a la vida y el liderazgo social en el país. Los asesinatos se distribuyen en 13 casos en enero, 14 en febrero y 7 en marzo, de los cuales 30 eran hombres y 4 mujeres.
La situación es aún más alarmante al considerar que, desde enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2026, se han registrado 1,699 homicidios de líderes sociales en Colombia. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, se documentaron 410 asesinatos de defensores de derechos humanos, revelando un patrón estructural de violencia que afecta a diversas regiones del país.
Antioquia se lleva la delantera en esta alarmante estadística, con 8 asesinatos reportados en lo que va del año. Adicionalmente, en el mismo período, tres firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en Caquetá, Cauca y Huila, dos de ellos en febrero y uno en marzo.
El informe resalta que el impacto de estos crímenes es desproporcionado en comunidades rurales y étnicas. Se registraron 171 víctimas campesinas, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, lo que evidencia la conexión entre la violencia y las regiones afectadas por disputas armadas y escasa presencia del Estado. En el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos, se reportaron 49 homicidios y un total de 608 ataques y amenazas.
La ONU ha indicado que la violencia no son hechos aislados, sino que responden a dinámicas estructurales persistentes, sobre todo en áreas rurales, aunque también han comenzado a afectar urbanizaciones. En este sentido, el informe identifica patrones de violencia ligados a actores armados, estimando que el 73 % de los homicidios se atribuyen a grupos como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
A pesar de algunos avances institucionales, la ONU advierte que la respuesta judicial es limitada. Menos del 20 % de los casos de homicidio alcanza una sentencia, y la impunidad es aún más grave en situaciones de amenazas, con miles de denuncias que permanecen sin avances investigativos.
La Defensoría del Pueblo y la ONU coinciden en que la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es crítica. Se requiere una respuesta más robusta y efectiva por parte del Estado para garantizar la protección de quienes luchan por los derechos humanos en Colombia. La violencia continúa siendo un obstáculo formidable para el desarrollo de una sociedad civil activa y segura.
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