La Defensoría del Pueblo ha desmentido las acusaciones realizadas por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. En un pronunciamiento, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que la entidad no ha emitido informes que respalden las afirmaciones sobre presiones por parte de grupos armados en favor del senador Iván Cepeda. “Todas las comunicaciones e informes que hemos expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política, así como para combatir la desinformación y la estigmatización”, enfatizó Marín.
Las declaraciones de la defensora se producen tras el llamado de Valencia al ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una sesión del Congreso el 21 de abril. La senadora cuestionó: “¿Por qué se está dejando que los ciudadanos sean amenazados para obligarlos a votar por Cepeda en regiones como el Cauca, Nariño, el Pacífico y el Chocó? ¿Por qué las comunidades vulnerables están recibiendo amenazas para que voten por él?”.
Los comentarios de Valencia se inscriben en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral en Colombia. Solo días antes, el presidente Gustavo Petro había advertido sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. El 17 de abril se convocó una Junta de Seguridad Conjunta extraordinaria, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre la activación de una junta de inteligencia enfocada en la situación.
Sánchez también indicó que se había entregado información a Estados Unidos relacionada con el riesgo de atentado contra el senador Cepeda, explicando que este intercambio formaba parte del marco de cooperación internacional. “Los datos no provienen directamente del Ministerio de Defensa, sino de otra entidad de inteligencia estatal”, subrayó en su cuenta en X.
Cabe mencionar que, en días recientes, la campaña de Paloma Valencia denunció la circulación de una imagen con una corona fúnebre y amenazas de muerte en su contra. Esta situación fue rechazada públicamente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, el abogado y candidato Abelardo De la Espriella reportó intimidaciones a través de redes sociales, lo que refleja un ambiente tenso en el contexto electoral.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por el deterioro de las garantías de seguridad para las elecciones presidenciales de primera vuelta, programadas para el 31 de mayo. La situación actual plantea serios desafíos a la democracia y el bienestar de los candidatos y votantes en Colombia.
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