Colombia se prepara para una nueva elección presidencial, enfrentando preocupaciones sobre la eficacia de su administración pública. Los recientes indicadores apuntan a una alta rotación en los puestos directivos y a una baja ejecución presupuestal en sectores cruciales, lo que plantea desafíos significativos para el futuro gobierno. La capacidad del Estado para convertir recursos en resultados se ve comprometida, lo que requiere atención urgente.
Desde agosto de 2022, el país ha experimentado una notable inestabilidad en sus altos funcionarios, con 62 ministros cambiando —aproximadamente uno cada 19 días— y ocho de los 19 ministerios habiendo tenido cuatro titulares diferentes. Además, más de 124 viceministros han ocupado sus cargos en el mismo periodo. Esta inestabilidad, señalada en la literatura sobre gestión pública, interrumpe la continuidad de las políticas y dificulta la planificación a largo plazo, erosionando el aprendizaje institucional necesario para una gestión eficaz.
La reducción de los criterios de idoneidad técnica en cargos clave es otra fuente de preocupación. El Decreto 0226 de 2026, que modificó los requisitos para nombrar a superintendentes en áreas críticos, amplía la discrecionalidad del Ejecutivo, eliminando condiciones específicas que habían estado en vigor desde 2015 basadas en recomendaciones de la OCDE. Este cambio despierta un debate válido sobre la confianza política frente a la idoneidad técnica en la toma de decisiones, cuestionando la calidad de la regulación vigente.
La baja ejecución presupuestal refleja tensiones en la administración pública. Un Estado que reinventa constantemente sus equipos directivos enfrenta dificultades para mantener planes a mediano plazo. En los primeros 26 días de enero de 2026, se adjudicaron más de 5,900 contratos por un valor superior a 609 mil millones de pesos, la mayoría mediante contratación directa, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia entre las políticas anunciadas y las acciones reales de gestión.
El próximo gobierno heredará el reto de una descentralización inconclusa. Un estudio de 2024 de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y la Federación Nacional de Departamentos indica que, si bien la descentralización ha mejorado la cobertura en salud y educación, no ha cerrado las brechas de calidad ni ha considerado las diferencias en capacidad entre territorios. Los municipios y departamentos a menudo enfrentan una falta de recursos que acompaña a sus nuevas competencias.
El debate sobre la administración pública y la descentralización, a menudo relegado a un segundo plano, es esencial para la viabilidad de las promesas de campaña y para garantizar una gestión pública que opere con principios de eficiencia, transparencia y equidad. Preguntas sobre quién hace qué en el Estado, con qué recursos y bajo qué criterios deben tener un lugar central en la discusión electoral.
El próximo gobierno recibirá un Estado con capacidades institucionales debilitadas. Reconocer esta realidad es el primer paso necesario para comenzar su reconstrucción, a fin de que el Estado pueda servir eficazmente a la población y cumplir con sus obligaciones.
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