Una abogada identificada como Judith Elbertes Jay Cuervo ha sido colocada bajo arresto domiciliario tras ser acusada de múltiples fraudes en Antioquia y el Valle del Cauca. Según la Fiscalía, la mujer se aprovechó de su profesión para estafar a ciudadanos interesados en subastas judiciales de inmuebles que resultaron ser ficticias.
La abogada supuestamente convencía a sus víctimas de que tenía conexiones influyentes en entidades públicas y juzgados civiles. A través de este argumento, lograba ganar su confianza, solicitándoles dinero para “intervenir” en los remates de propiedades. Las pruebas recopiladas por las autoridades indican que Jay Cuervo estuvo involucrada en al menos 12 casos delictivos, afectando a 15 personas en localidades como Rionegro y Buga.
Las víctimas aseguraban que Judith les pedía consignaciones a sus cuentas bancarias para la supuesta compra de fincas y viviendas. Ellas creían que su dinero sería utilizado para gestionar requisitos necesarios como las fichas catastrales y otros trámites en los juzgados. Sin embargo, tras recibir el dinero, la abogada no solo cortaba la comunicación con los afectados, sino que además no devolvía los fondos ni entregaba las propiedades prometidas.
Estas prácticas llevaron a que un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Antioquia la presentara ante un juez de control de garantías. Jay Cuervo fue acusada de estafa agravada y, tras aceptar los cargos, se le impuso una medida de aseguramiento en su domicilio.
Este no es el primer problema legal que enfrenta la abogada. Anteriormente, había sido condenada a 42 meses de prisión por un juez en Marinilla, también por delitos similares en la región de Oriente antioqueño. El repunte de este caso ha generado preocupación entre las autoridades, quienes advierten sobre la persistencia de estafas relacionadas con subastas judiciales.
El certidumbre en torno a la situación de la abogada y el impacto en las víctimas invita a un análisis más profundo sobre las medidas preventivas que deberían implementarse para proteger a ciudadanos vulnerables ante este tipo de estafas.
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