El Gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos federales contra Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Castro es señalado por dispararle a un migrante venezolano durante un operativo en Minnesota y de mentir acerca de los hechos ocurridos, según reportes de medios estadounidenses.
Un gran jurado federal imputó seis cargos contra Castro, incluyendo declaraciones falsas a los investigadores. La acusación permanece sellada, y se espera su divulgación una vez que el agente sea detenido. Actualmente, Castro es objeto de búsqueda por parte de las autoridades federales después de ser liberado la semana pasada, tras casi tres meses de detención en Texas.
El incidente en cuestión tuvo lugar el 14 de enero, cuando Castro disparó a Julio Sosa Celis, un venezolano de 24 años. En Minnesota, las autoridades lo acusan de haber disparado a Sosa en la pierna y de presentar un informe en el que falsamente acusó a Sosa y a otro migrante de haberlo atacado con una pala y un palo de escoba.
Este evento es parte de un contexto más amplio de violencia en operaciones migratorias. Sosa fue una de las tres personas que resultaron heridas por disparos de agentes migratorios durante la operación ‘Metro Surge’, la cual involucró el despliegue de cientos de agentes en Mineápolis. Durante este operativo, dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, perdieron la vida a manos de los agentes.
Desde enero de 2025, se han reportado al menos 30 incidentes en los que agentes migratorios dispararon contra civiles, resultando en ocho muertes, de acuerdo con el medio especializado The Trace. Este aumento en la violencia ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Ante la escalada de estos incidentes, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha solicitado una investigación “independiente” sobre las muertes vinculadas a operativos migratorios. Türk también criticó la “falta de transparencia” por parte de las autoridades estadounidenses en relación con estos casos.
El caso de Castro ha derivado en una batalla legal entre Texas y Minnesota. Las autoridades de Minnesota habían solicitado su extradición para encarar los cargos estatales, pero el gobierno de Texas, bajo la administración del gobernador Greg Abbott, complicó dicho proceso. Finalmente, Castro fue liberado a finales de agosto.
Mientras se espera que las autoridades continúen su búsqueda y que se tomen decisiones judiciales sobre el caso, la discusiones sobre la violencia en operaciones migratorias continúan atrayendo atención tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
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