La reciente revelación de una explotación de oro vinculada al Clan del Golfo ha causado preocupación en Caucasia, Antioquia. La Séptima División del Ejército Nacional se ha pronunciado sobre el asunto, indicando que el predio afectado, conocido como la finca La Mandinga, está bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este terreno, que abarca aproximadamente 2,000 hectáreas, limita con el cantón militar del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles.
Cerca de 2,500 mineros informales han ocupado ilegalmente la finca, llevando a cabo actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título o respaldo legal. Estas acciones han provocado un deterioro ambiental severo e irreversible en la región. Desde el año 2022, el Ejército ha formalizado el reporte de esta situación ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, resaltando los graves daños causados por la minería ilegal en estas tierras.
En su pronunciamiento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la necesidad de una verificación e investigación inmediata de los hechos. Aseguró que se adoptarán medidas contundentes frente a la minería ilegal, reiterando “cero tolerancia” hacia las actividades que afectan el medio ambiente. Sánchez enfatizó: “No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales”.
La denuncia sobre la mina ilegal también surge de un artículo publicado por el fotoperiodista Federico Ríos en una prestigiosa revista internacional. En su análisis, Ríos describe las actividades a cielo abierto de decenas de mineros que extraen oro de manera ilegal. Detalla que la mina colinda con el Batallón Rifles N.° 31, y cuestiona la falta de preocupación por parte de quienes operan en esa área cercana a las autoridades.
Al abordar la situación con el coronel Daniel Echeverry, comandante de la base militar, Ríos recibió una respuesta negativa sobre la existencia de la actividad. Sin embargo, tras una visita a la zona, el fotoperiodista afirmó que los militares ordenaron a los mineros retirarse, indicando que el área es propiedad privada del Ministerio de Defensa. Les advirtieron que podrían ser considerados intrusos.
Las autoridades locales han subrayado la importancia de combatir la minería ilegal en el país y han prometido una respuesta firme ante la creciente situación. La minería ilícita no solo es un problema de seguridad, sino que también repercute en el medio ambiente, lo que genera un ciclo de violencia y despojo en las comunidades afectadas.
La situación en la finca La Mandinga es un ejemplo más de los desafíos que enfrenta Colombia en la lucha contra la minería ilegal y sus impactos negativos en el medio ambiente y la seguridad pública. Con el compromiso del Ejército y del Ministerio de Defensa, se espera que se implementen estrategias efectivas para revertir esta problemática y proteger los recursos naturales del país.
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