La situación humanitaria en la zona rural de Aracataca, Magdalena, ha empeorado drásticamente en las últimas semanas debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En medio de estos combates, que tuvieron lugar el 6 y 7 de marzo, la comunidad indígena ha sufrido severas consecuencias, lo que llevó a la solicitud urgente de un corredor humanitario para atender a los heridos.
El 10 de marzo, el general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, confirmó que estas confrontaciones están afectando a la comunidad indígena Serankwa. En un informe preliminar, se destacó que tres miembros de esta comunidad fueron asesinados y un niño resultó herido durante los combates. Además, se reportaron otros afectados cuyo número exacto aún no ha sido determinado debido a las dificultades de acceso a la zona.
El general Gómez explicó que el Ejército está realizando una operación para recuperar el control del área, reposicionando tropas en colaboración con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta acción tiene como propósito consolidar la zona para permitir la entrada de la Fiscalía y brindar asistencia humanitaria a los afectados.
En un comunicado emitido el 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo reveló que un miembro de la comunidad falleció como consecuencia de la explosión de una granada y que al menos seis civiles, incluido un niño de seis años, sufrieron heridas y necesitan atención médica urgente. Asimismo, se denunciaron dos desapariciones y la incineración de viviendas y corrales pertenecientes a la comunidad.
Sin embargo, ante las afirmaciones de desaparecidos, el general Gómez informó que el Ejército no tiene información confirmada al respecto.
La Defensoría, liderada por la defensora Iris Marín, instó al Clan del Golfo y a las ACSN a que excluyan a la población civil de las hostilidades y faciliten la apertura de un corredor humanitario. El organismo advirtió sobre los Riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado en la región, así como las repercusiones en las viviendas y actividades escolares de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada.
Cabe recordar que en febrero pasado, en el marco de los espacios sociojurídicos de diálogo, ambos grupos armados firmaron compromisos con el Gobierno nacional para respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y proteger a la población civil. Sin embargo, los recientes hechos demuestran que la realidad del conflicto armado entre estas estructuras ilegales dista mucho de dichos acuerdos, creando un ambiente de incertidumbre y temor en la población local.
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