Desde el atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en El Golfito, Bogotá, se han intensificado las investigaciones. La Fiscalía General de la Nación ha señalado a la facción disidente de las Farc, Segunda Marquetalia, como la supuesta responsable del magnicidio. Recientemente, el 20 de marzo, Simeón Pérez Marroquín, conocido como “El Viejo”, fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión por su implicación en el crimen.
La condena de Pérez Marroquín se produjo tras aceptar su responsabilidad en la planificación del atentado. Junto a él, varios otros implicados han sido identificados, y la Fiscalía ha comenzado a desentrañar cómo se orquestó el ataque. “El Viejo” ha sido vinculado a varios delitos, incluyendo homicidio agravado y uso de menores en la comisión de delitos. Durante sus declaraciones, se sugirió que la orden de asesinato provino de José Aldinever Sierra, conocido como “Zarco Aldinever”, quien murió el año pasado.
Las autoridades, incluyendo al exdirector de la Policía, general Carlos Fernando Triana, han resaltado la conexión con la Segunda Marquetalia. “Todo apunta a que esta disidencia está involucrada en el magnicidio”, afirmó Triana en una rueda de prensa. Aunque se está llevando a cabo una investigación en dos líneas —penal y de seguridad—, los lazos comprometedores entre la red del crime y la disidencia fariana son cada vez más evidentes.
La Fiscalía ha determinado que “El Viejo” fue contactado inicialmente para planear el ataque y que su papel fue fundamental en la entrega de armamento. Fue él quien proporcionó la pistola Glock que utilizó el adolescente para disparar en contra de Uribe. El seguimiento al precandidato durante su campaña también fue realizado por Pérez Marroquín, quien tomó fotografías de él en marzo de 2025.
Pese a que la investigación ha señalado recurrentemente a la Segunda Marquetalia, aún quedan muchas incógnitas. Después del atentado, Pérez Marroquín habría entregado un celular y dinero a alias “Gabriela”, quien participó en el ataque, facilitando su huida a Caquetá, donde se le habría entrenado en tácticas de francotirador, lo que refuerza la teoría del compromiso de la disidencia en el crimen.
El caso del magnicidio de Miguel Uribe continúa en desarrollo, generando preguntas sobre la responsabilidad del grupo criminal señalado y cuánto de esto es accesible a la justicia. Mientras la Fiscalía recopila pruebas, las autoridades seguirán explorando el entorno de violencia que ha afectado a la política colombiana. Este atentado no solo impactó a una familia, sino que también sacudió a la nación, dejando una herida que requiere atención y respuesta por parte del Estado.
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