Los terremotos que asolaron Caracas el 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, han puesto al descubierto las debilidades del sistema institucional venezolano. Con más de 3.300 muertos confirmados y un sistema de salud colapsado, la falta de refugios y la lenta llegada de ayuda enfatizan la incapacidad del gobierno para responder a una crisis de tal magnitud. La predicción del Servicio Geológico de Estados Unidos sugiere que el número de víctimas podría superar las 10,000, lo que subraya un desastre ocasionado tanto por la naturaleza como por el abandono institucional.
La respuesta internacional, y en específico la de Estados Unidos, refleja un acto de donación más que de responsabilidad. A pesar de movilizar 150 millones de dólares en asistencia y desplegar equipos de rescate, Washington se comporta como un donante que intenta distanciarse de las obligaciones inherentes a una intervención. La lógica de esta intervención ha dejado un vacío en la rendición de cuentas, donde las autoridades locales apuntan a Washington, mientras que las organizaciones humanitarias enfatizan su papel secundario.
Desde que Washington tomó medidas para influir en la transición política en Venezuela, ha existido una ambigüedad inherente en la relación de poder. Donald Trump había declarado en enero la intención de “manejar el país”, lo que se tradujo en el levantamiento de sanciones y la aprobación de licencias petroleras. Sin embargo, esta estrategia ha dejado a un gobierno interino sin legitimidad democrática encargado de las funciones estatales.
A medida que la producción petrolera se estabiliza y nuevos acuerdos de inversión se ponen en marcha, la situación del pueblo venezolano se complica aún más. A pesar de la apertura del sector energético, la vida cotidiana se agrava con una inflación descontrolada y cortes de servicios básicos. La estructura chavista se adapta y sigue siendo funcional, permitiendo que los intereses estadounidenses se mantengan intactos. El modelo parece un eco de la cleptocracia petrolera del pasado.
El actual vacío de autoridad ha generado un dilema crítico: si Washington puede reclamar el crédito sobre el nuevo orden político, ¿quién responde ante la tragedia humana que los terremotos han revelado? La regla del Pottery Barn, popularizada por Colin Powell, sostiene que quienes destruyen deben asumir la responsabilidad. En este contexto, Estados Unidos ha encontrado la manera de extraer beneficios sin cargar con las consecuencias de la inestabilidad que ha exacerbado.
La situación en Venezuela plantea preguntas urgentes sobre la fragilidad de las instituciones y la capacidad del gobierno para proteger a su población. Las víctimas de esta catástrofe no solo enfrentan pérdidas materiales, sino que también luchan contra un abandono político que alimenta su sufrimiento. Mientras el poder chavista se mantiene, el pueblo se encuentra atrapado en una espiral de carencia y desamparo, expuesto a la indiferencia tanto de su gobierno como de la comunidad internacional.
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