“El Concejo no puede alterar el derecho al aborto”: Laura Castro

Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, cuestiona el proyecto de Acuerdo denominado “Ruta por la Vida”, aprobado recientemente por el Concejo de Bogotá. Aunque la iniciativa se presenta como una estrategia de acompañamiento integral, sostiene que en realidad introduce trabas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la capital.

Alertas frente a la “Ruta por la Vida”

La propuesta, impulsada por la concejal Clara Lucía Sandoval, fue aprobada pese a votos en contra de un sector minoritario del cabildo. Para Castro, el texto desconoce la jurisprudencia constitucional y la regulación sanitaria vigente, y podría generar cargas desproporcionadas para quienes buscan acceder a un aborto.

Subraya que el Acuerdo aún no entra en vigor y que solo sería aplicable si el alcalde Carlos Fernando Galán lo sanciona. Sin embargo, advierte que, de hacerlo, la afectación sería inmediata. Según explica, la experiencia demuestra que cuando se imponen obstáculos administrativos o exigencias adicionales, aumentan los riesgos de acudir a servicios inseguros y se vulneran derechos fundamentales de mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias.

Supuestos que refuerzan estigmas

Desde la perspectiva de La Mesa, el proyecto parte de premisas erradas, como asumir que quienes consideran abortar carecen de información suficiente o presentan problemas de salud mental. Castro insiste en que la normativa nacional —incluida la Ruta Materno Perinatal del Ministerio de Salud— ya contempla acompañamiento psicosocial y garantiza información sobre las tres alternativas ante un embarazo no deseado: interrumpirlo, continuarlo o dar en adopción.

Además, recuerda que la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en más de dos décadas que el Estado no puede imponer barreras injustificadas. En 2006, el alto tribunal autorizó el aborto en tres causales específicas; y en 2022, mediante la sentencia conocida como Causa Justa (C-055/22), permitió la IVE libre hasta la semana 24 de gestación. Después de ese plazo, se mantienen las tres causales reconocidas previamente.

Intentos reiterados de reversión

Castro señala que, desde 2006, se han promovido más de 60 proyectos legislativos para restringir o revertir el acceso al aborto, además de múltiples intentos de nulidad contra el fallo de 2022. Varias de esas iniciativas, afirma, han provenido de sectores conservadores con respaldo religioso.

En el Concejo capitalino, el proyecto contó también con el apoyo de concejales vinculados a movimientos políticos de inspiración cristiana. Sin embargo, la dirigente feminista enfatiza que, en un Estado laico, las convicciones personales no pueden imponerse sobre derechos reconocidos constitucionalmente.

Competencias y posibles efectos

Uno de los puntos centrales de la crítica es que el Concejo, a juicio de Castro, no tiene competencia para modificar rutas de atención en salud que dependen del Ministerio del ramo. El proyecto ordenaría, entre otras medidas, capacitar al personal distrital en “alternativas a la IVE”, crear mecanismos intersectoriales de acompañamiento y estructurar una nueva “ruta”, lo que en la práctica alteraría la prestación del servicio.

Para la organización, esto podría legitimar prácticas que ya han sido cuestionadas, como valoraciones psicológicas obligatorias o asesorías que buscan disuadir a las mujeres mediante información sesgada. También advierte sobre la persistencia de tratos discriminatorios dentro del sistema de salud, incluida la violencia obstétrica, como la negativa a suministrar analgesia adecuada bajo juicios morales.

Impactos sociales y desigualdad

Castro menciona investigaciones académicas —entre ellas estudios de economistas colombianas en universidades estadounidenses— que muestran que negar el aborto tiene efectos negativos en la vida de las mujeres y sus hijos, como mayores probabilidades de precariedad económica o trabajo infantil. Por ello, considera que nuevas restricciones profundizarían desigualdades y colocarían a las residentes en Bogotá en desventaja frente a otras ciudades.

Expectativa frente a la decisión del alcalde

Según la dirigente, las secretarías distritales de Salud y de la Mujer han expresado reparos técnicos frente al proyecto, lo que permitiría anticipar una eventual objeción por parte del alcalde. No obstante, el pronunciamiento oficial aún está pendiente.

Para La Mesa, la discusión no se limita a un acto administrativo. Se trata, concluye Castro, de defender la autonomía reproductiva como componente esencial de la democracia y de evitar retrocesos en un marco jurídico que, afirma, hoy posiciona a Colombia como referente regional en la garantía del derecho al aborto.