El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha anunciado la intención de su Gobierno de derogar las resoluciones que respaldan las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta medida, creada durante la administración de Gustavo Petro, busca restringir actividades no agroindustriales, como la minería y la urbanización, en ciertas regiones del país. Según un comunicado oficial, el nuevo Gobierno planea revisar estos actos administrativos para evaluar sus efectos en la producción agropecuaria y el desarrollo rural.
El pasado 11 de julio, un grupo de congresistas electos del bloque de De La Espriella, incluyendo a la senadora Sara Castellanos y los representantes Daniel Briceño y Carol Borda, solicitaron la revisión de las APPA al ministro designado de Agricultura, Indalecio Dangond. En esta comunicación, argumentaron que estas figuras vulneran la autonomía municipal, el derecho a la propiedad privada y la libertad empresarial. También cuestionaron la modificación del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que transformó una norma temporal en una herramienta permanente que otorga amplios poderes al Ministerio de Agricultura sobre el uso territorial.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fueron instauradas en 2023 como parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Petro, y busca resguardar especialmente al campesinado y al derecho a la alimentación frente a otros intereses. La APPA se establece tras un análisis técnico y un proceso de concertación con las comunidades, restringiendo el desarrollo de actividades ajenas a la agroindustria en estas zonas.
El comunicado del presidente electo subraya que la derogatoria de las APPA pretende eliminar restricciones que dificultan el uso efectivo de la tierra, generando un ambiente de confianza para productores e inversionistas y fomentando la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía rural. La administración entrante propone un nuevo modelo de desarrollo rural que respete la propiedad privada y apoye a quienes explotan la tierra de manera responsable.
A pesar de estos anuncios, las APPA cuentan con grupos de apoyo, incluidos académicos y organizaciones que han monitoreado su implantación. Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, ha defendido las APPA como herramientas que pueden ayudar a las comunidades a tomar decisiones informadas, siempre y cuando haya un compromiso de diálogo. Igualmente, Angie Durán, investigadora de Gobernanza Territorial, ha destacado que estas áreas permiten el desarrollo de la agricultura campesina, la cual también contribuye a la conservación de los ecosistemas.
La implementación de las APPA no ha estado exenta de controversias. En diciembre de 2024, una ZAPPA fue declarada en el suroeste antioqueño, lo que llevó a críticas por parte de las autoridades locales, que argumentaron que limitaba el potencial minero de la región. Esta situación genera un fuerte debate sobre la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y los gobiernos locales para la adecuada regulación del uso del suelo.
La decisión del nuevo Gobierno marca un cambio significativo en la política de uso de la tierra en Colombia. Con la derogatoria de las APPA, se espera que se reconfiguren las dinámicas en las relaciones agrarias y se replanteen las prioridades en la política agrícola del país.
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