El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha emitido una circular dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y entidades descentralizadas, enfatizando la importancia de mantener la confidencialidad de la información a la que tienen acceso en el ejercicio de sus funciones.
El documento, firmado por la directora del Dapre, Nhora Mondragón, deja claro que los funcionarios deben “garantizar la protección, disponibilidad, integridad y seguridad de la información pública”. Además, se menciona la posibilidad de aplicar criterios de reserva sobre información sensible, subrayando que desde el inicio de su vinculación con la Rama Ejecutiva, los funcionarios adquieren deberes específicos relacionados con la protección y confidencialidad de dichos datos.
La circular también advierte que el incumplimiento de las obligaciones de reserva y confidencialidad puede conllevar “faltas disciplinarias”. En este contexto, se contempla la posibilidad de iniciar acciones disciplinarias, contractuales y penales por parte de las autoridades competentes, incluido el organismo de control y la Fiscalía General de la Nación.
Entre las obligaciones recordadas en la circular, se encuentran la prohibición de extraer, consultar, copiar, modificar, eliminar o divulgar información clasificada, así como la necesidad de adoptar medidas de seguridad adecuadas. Esto incluye la implementación de protocolos y políticas institucionales para prevenir el acceso no autorizado, uso o divulgación de información por parte de terceros.
Este recordatorio ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial, momento en el cual el presidente Gustavo Petro ha instado a sus ministros a mantener un compromiso firme hasta el 6 de agosto. Durante esta semana, Petro se encuentra en una gira regional que abarca varias ciudades, incluyendo Medellín, Cali y Villavicencio, reafirmando su liderazgo en el proceso electoral.
A medida que el ambiente político se intensifica, la administración Petro ha dejado claro que la información manejada debe ser tratada con la máxima seriedad y respeto a la confidencialidad. Este enfoque busca no solo proteger datos sensibles, sino también reforzar la confianza pública en la administración del gobierno.
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