El reciente descubrimiento de audios por parte de Noticias Caracol sugiere la existencia de presuntos pactos entre antiguos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo. Estas revelaciones coinciden con la captura de Ingrid Paola Ávila Hernández, apodada “La Patrona”, quien es considerada una de las principales financieras de esta organización criminal y hermana del temido líder del grupo, “Chiquito Malo”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó que la detención de Ávila, el 24 de junio, es una muestra del impacto que el gobierno ha tenido en la lucha contra el Clan del Golfo. Según Sánchez, “cerca del 50 % de las afectaciones a grupos armados organizados ilegales han sido dirigidas contra el Clan del Golfo”, destacando la neutralización de aproximadamente 8,300 integrantes, además de la utilización de bombardeos en sus operaciones.
La más reciente de estas acciones tuvo lugar el 12 de junio en Nuquí, Chocó, donde resultaron muertos nueve miembros del Clan del Golfo. Sin embargo, Medicina Legal reportó que de los fallecidos, cuatro eran menores de edad. El ministro subrayó que la fuerza pública continúa comprometida en la lucha contra grupos criminales, utilizando estrategias efectivas y sacrificándose incluso con la pérdida de vidas de militares y policías.
Los audios mencionan a Danilo Rueda, excomisionado de Paz, quien aparentemente ofreció al Clan del Golfo beneficios como la suspensión de operaciones ofensivas, a cambio de iniciar negociaciones. Durante una conversación, Rueda aseguró: “Juguemos a los congelados”, sugiriendo una pausa en las actividades militares contra el grupo.
En respuesta a estos hallazgos, la Procuraduría ha iniciado una investigación para esclarecer posibles irregularidades en las interacciones de exfuncionarios con el Clan del Golfo, cubriendo a figuras como Rueda, el exministro Iván Velásquez y altos mandos de la inteligencia nacional. Como parte de este proceso, también se ha llamado a declarar al general (r) Henry Sanabria, quien reveló que recibió presiones sobre las operaciones de la fuerza pública relativas a la política de paz del gobierno.
Pedro Sánchez también se refirió a esta situación el 26 de junio, indicando que, de confirmarse las acusaciones relacionadas con los acercamientos de exfuncionarios al Clan del Golfo, constituirían no solo un irrespeto hacia la fuerza pública, sino un impulso a acciones criminales. Añadió que las autoridades son las responsables de verificar la veracidad de los hechos.
Sánchez aseguró que, desde su asunción como ministro de Defensa, no ha habido instrucciones que contradigan la Constitución. “Este ministerio no ha recibido órdenes ilegales”, afirmó, reafirmando el compromiso del gobierno actual hacia la seguridad y legalidad en Colombia mientras se siguen realizando investigaciones sobre los posibles vínculos con el Clan del Golfo.
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