El presidente Gustavo Petro firmó este viernes 27 de marzo la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria en la polideportivo de Cereté, Córdoba. Este nuevo decreto reforma la Ley 270 de 1996 sobre la administración de justicia y establece un marco operativo para los juzgados especializados en conflictos agrarios y problemas de tierras en todo el país.
La principal función de esta jurisdicción es gestionar procesos relacionados con la clarificación de la propiedad, deslinde de tierras y la recuperación de baldíos ocupados indebidamente. Además, se encargará de proteger los derechos de los trabajadores agrarios. La ley también contempla la creación de centros de apoyo técnico y facilitadores que proporcionan asesoría gratuita, con el objetivo de evitar que las disputas agrarias se conviertan en fuentes de violencia.
En el evento, Petro entregó más de 3.000 hectáreas de tierra a cerca de 1.000 familias campesinas que han sufrido las consecuencias de la emergencia climática en Córdoba. Estas tierras provienen de diversas fuentes, incluyendo el Fondo de Reparación a Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), así como de procesos de adquisición directa. Algunos terrenos fueron recuperados por el Estado tras haber estado en posesión de exjefes paramilitares, como informó la Presidencia.
Los terrenos otorgados están situados en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador. Esta iniciativa beneficiará a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas, incluyendo el Resguardo Indígena Zenú.
Durante su discurso, Petro subrayó el compromiso del Gobierno de continuar abordando las necesidades básicas de los ciudadanos: “Lo que ha traído aquí el Gobierno al territorio es libertad, superando las necesidades vitales de la gente. Hay que seguir haciéndolo, y el empeño, señores ministros, es que hasta el último día el Gobierno se dedique completamente a superar necesidades del pueblo”.
Además de la entrega de tierras, el presidente anunció el comienzo de demoliciones de jarillones con el fin de recuperar ecosistemas estratégicos en la región, especialmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Esto tiene como objetivo restablecer los flujos naturales de agua, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer los medios de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Al evento asistieron la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; el jefe de Gabinete, Raúl Moreno; y la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Nhora Mondragón, quienes respaldaron la importancia de esta nueva normativa y sus implicaciones sociales y económicas para las comunidades rurales.
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