Emergencia económica: Gobierno anunció ajustes al IVA de licores y nuevos impuestos

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los detalles de los tributos que el Gobierno expedirá mediante decretos en el marco de la emergencia económica. Según explicó, las normas serán publicadas este martes 30 de diciembre y entrarán en vigencia a partir del 1 de enero, con aplicación durante todo el próximo año.

De acuerdo con Ávila, el paquete de medidas tiene como objetivo recaudar COP 11,3 billones, recursos que el Ejecutivo dejó de percibir tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. El ministro defendió la decisión y reiteró que la emergencia económica busca suplir ese faltante de ingresos.

El estado de excepción fue decretado en la noche del 22 de diciembre, bajo el argumento de que la compleja situación fiscal —derivada de hechos económicos sobrevinientes— pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.

Ávila calificó como un “grave error” la decisión del Congreso de aprobar un presupuesto condicionado a una ley de financiamiento por COP 16,3 billones y, meses después, negar dicha ley. A su juicio, esta situación genera un riesgo macroeconómico que justifica la declaratoria de la emergencia.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno en el decreto se incluyen, entre otros, la orden de la Corte Constitucional de equiparar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, los pagos pendientes de subsidios de energía, los problemas de seguridad y la caída de la ley de financiamiento en el Legislativo.

Los impuestos que entrarán en vigor

El ministro detalló los principales cambios tributarios que se implementarán:

• Impuesto al patrimonio: se reducirá el umbral para estar obligado a pagarlo, de modo que ahora deberán hacerlo quienes tengan patrimonios superiores a COP 2.000 millones. Además, se incrementarán las tarifas. La medida impactaría a cerca de 102.000 contribuyentes (0,8 % de la población) y generaría un recaudo adicional de COP 1,7 billones en 2026.

• Sobretasa al sector financiero: pasará del 5 % al 15 %, lo que llevaría el impuesto de renta nominal al 50 %. No obstante, Ávila aclaró que la tarifa efectiva hoy es menor debido a beneficios existentes. El recaudo estimado es de COP 1,2 billones.

• Normalización de activos: se aplicará una tarifa del 19 %, similar a la utilizada en 2019, 2020 y 2022. Se espera recaudar COP 613.600 millones.

• Cambios en el IVA: se aplicará una tarifa del 19 % a los juegos de suerte y azar en línea (con descuentos sobre los premios). En el caso de los licores, el IVA subirá del 5 % al 19 %, con excepción de la cerveza.

• Impuesto al consumo: afectará licores, tabaco y bienes de lujo.

• Importaciones de bajo valor: se reducirá la exclusión del impuesto solo hasta USD 50.

• Carbón: se creará un impuesto del 1 % a la primera venta o exportación.

• Petróleo y carbón: se restablecerá la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, lo que generaría cerca de COP 3 billones adicionales.

• Alivios tributarios para la DIAN.

Ávila también señaló que el Gobierno avanza en recortes de gasto y mencionó, entre otras medidas, la eliminación de primas especiales en el Congreso que actualmente están en discusión.

Fondos de pensiones y proyectos viales

El ministro anunció, además, que el Ejecutivo publicará un decreto para que los fondos de pensiones repatríen recursos invertidos en el exterior, con el fin de destinarlos a la financiación de proyectos de infraestructura vial.

Cuando esta iniciativa se conoció en octubre, los fondos de pensiones advirtieron que la medida podría afectar el ahorro de más de 19 millones de trabajadores. En su momento, Asofondos sostuvo que el ahorro pensional pertenece a los afiliados y que las decisiones de inversión deben guiarse por su mejor interés. El gremio también defendió la diversificación de inversiones, recomendada por organismos como la OCDE y el Banco Mundial.

En la rueda de prensa, Ávila se refirió a proyectos como Mulaló–Loboguerrero, que mantienen cuantiosos recursos en fiducia. Según el ministro, pese a los intentos de acuerdo con la concesión, no ha sido posible avanzar. El Grupo Aval, explicó, reclama COP 1,4 billones, monto que el Gobierno considera injustificado.

Salario mínimo

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió el incremento del 23 % en el salario mínimo decretado el 29 de diciembre, y aseguró que su impacto en la inflación sería de apenas 0,6 puntos porcentuales.

Sanguino agregó que la reforma laboral contempla incentivos para las empresas que vinculen a personas en condición de vulnerabilidad y anunció que en 2026 se pondrá en marcha un programa dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas para mitigar los efectos del aumento salarial.

Ávila, a su vez, cuestionó los argumentos que asocian de manera automática el alza del salario mínimo con un aumento de la inflación. Según el ministro, la experiencia reciente del país demuestra que un mayor impulso al consumo puede traducirse en crecimiento económico, menor desempleo e incluso menor inflación. “En términos reales, el aumento equivale a cerca de COP 10.000 diarios para un trabajador, una cifra cercana al valor de un almuerzo”, señaló.

Finalmente, el jefe de la cartera económica afirmó que los crecimientos históricos de Colombia no han garantizado desarrollo y que la apuesta del Gobierno es alcanzar un crecimiento económico del 5 %.