“Es claramente inconstitucional”: gobernadora Dilian Toro cuestiona la emergencia económica de Petro

En diálogo con El Espectador, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expuso los argumentos por los cuales 18 departamentos decidieron no acatar el decreto de emergencia económica promovido por el presidente Gustavo Petro. La mandataria regional advierte un impacto negativo sobre las finanzas territoriales y un posible repunte del contrabando de licores y cigarrillos.

¿Por qué los departamentos decidieron no aplicar los nuevos impuestos planteados por el Gobierno en la emergencia económica?
Porque la medida es abiertamente contraria a la Constitución. Los ingresos provenientes de licores y cigarrillos son rentas cedidas a los departamentos. Con este decreto, esos recursos pasarían al Gobierno central, lo que en la práctica significa que nos arrebatan una fuente de financiación que pertenece a las regiones.

Esto nos afecta de manera directa. Ya enfrentamos un problema serio de contrabando, tanto en licores como en cigarrillos. En este último caso, el fenómeno es tan fuerte que las rentas han caído de forma significativa y hemos tenido que recurrir a recursos propios para cumplir con los giros al régimen subsidiado de salud. Solo en cigarrillos, la reducción ronda el 40 %. Si se incrementa el impuesto, el contrabando aumentará y, en consecuencia, habrá menos dinero para salud, educación y deporte.

¿Qué acciones concretas acordaron los gobernadores?
Planteamos presentar un documento de intervención ante la Corte Constitucional para sustentar nuestra posición.
Dado que consideramos que el decreto es inconstitucional, podemos abstenernos de ejecutarlo mientras la Corte toma una decisión. La Federación Nacional de Departamentos está trabajando con expertos en derecho constitucional para respaldar jurídicamente esta postura, especialmente frente al impoconsumo. Además, se interpondrán tutelas por la posible vulneración de derechos fundamentales como la salud y la educación.

En términos económicos, ¿de qué montos se habla? ¿Hay cifras para el Valle del Cauca?
Un alza de impuestos encarecería de manera considerable los productos. Por ejemplo, una botella podría pasar de COP 40.000 a COP 70.000, lo que empuja a los consumidores hacia el contrabando.
En recaudo, aunque los cálculos aún están en proceso, para la licorera del Valle la pérdida estaría entre COP 30.000 y COP 40.000 millones. En Antioquia, el impacto podría alcanzar los COP 200.000 millones. Es una afectación enorme.

¿Entonces no se aplicarán los impuestos al tabaco y al licor en sus departamentos?
Así es. No los vamos a aplicar.

¿El Gobierno ha informado cuánto espera recaudar con estos incrementos?
No. El decreto se expidió sin un sustento claro que permita conocer la meta de recaudo.

El ministro Armando Benedetti ha dicho que esta decisión podría constituir una “usurpación de funciones” e incluso derivar en sanciones. ¿Qué responde?
Nuestra determinación se basa en fundamentos jurídicos sólidos. Consideramos que la medida es inconstitucional y perjudica a las regiones. Defenderemos esta posición con el acompañamiento de constitucionalistas.

¿Qué departamentos están en contra del decreto?
En la reunión participaron 18 departamentos, y todos respaldaron esta postura. Entre ellos están Chocó, Meta, Boyacá, Nariño, Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Tolima y Huila, entre otros. Aunque no todos pudieron asistir, se informará al resto que la mayoría apoyó estas decisiones.

¿Hubo confrontación directa con el Gobierno durante la reunión?
No, pero el problema de fondo es que el Gobierno nacional debería consultar a las regiones antes de adoptar decisiones que las afectan. No se puede pensar solo en el recaudo central, sin evaluar los efectos negativos en los territorios. Lo que se necesita es diálogo real y constructivo.

¿Cuál es su posición frente a la Ley de Competencias presentada en diciembre?
Por lo que hemos revisado, empeora nuestra situación. Es un proyecto complejo que exige análisis profundo y responsabilidad. No puede aprobarse a la ligera. Lo que se presentó no corresponde a lo que las regiones solicitaron: se triplican las competencias sin que los recursos aumenten en la misma proporción, lo que nos dejaría igual o incluso peor.