Estaciones de servicio alertan problemas para aplicar reducción de COP 500 en el precio de la gasolina

La disminución de COP 500 por galón en el valor de la gasolina enfrenta obstáculos en las estaciones de servicio, que advierten posibles pérdidas económicas si la rebaja se aplica de forma inmediata sin agotar los inventarios existentes. El gremio Somos Uno solicitó articulación entre las entidades para evitar riesgos financieros y confusión entre los usuarios.

Bajar el precio del combustible en el surtidor no es un proceso automático. Luego del anuncio del Gobierno sobre una reducción cercana a COP 500 por galón en la gasolina, las estaciones de servicio señalan que sus márgenes se ven presionados por la exigencia de aplicar la medida de inmediato, en un contexto en el que los inventarios y los precios se negocian con anterioridad.

De acuerdo con Somos Uno —gremio que agrupa a Comce y Fendipetróleo—, la implementación requiere un periodo de transición, ya que cada compra a las plantas mayoristas se realiza a un precio definitivo e irrevocable, fijado en el momento de la adquisición, lo que “obliga al distribuidor a vender primero el inventario disponible antes de comprar nuevo producto”.

Aplicar una reducción inmediata sin haber agotado las existencias previas “no es viable” sin provocar pérdidas directas por vender a precios inferiores al costo, generar riesgos financieros para estaciones pequeñas y medianas y afectar la sostenibilidad del sector y la continuidad del servicio. Según el gremio, este efecto en cadena terminaría impactando al consumidor final.

En otras palabras, una estación no puede vender hoy un combustible adquirido ayer como si hubiera sido comprado al precio de hoy.

Con la medida, el precio promedio de la gasolina en el país quedó en COP 15.557 por galón, mientras que el diésel se mantiene en COP 10.983.

Ciudad | Gasolina ($) | Diésel ($)
Bogotá | 15.991 | 11.276
Medellín | 15.912 | 11.301
Cali | 16.002 | 11.424
Barranquilla | 15.626 | 10.951
Cartagena | 15.583 | 10.916
Montería | 15.833 | 11.166
Bucaramanga | 15.748 | 11.025
Villavicencio | 16.091 | 11.376
Pereira | 15.939 | 11.363
Manizales | 15.966 | 11.349
Ibagué | 15.907 | 11.267
Pasto | 13.747 | 10.338
Cúcuta | 13.900 | 9.032

El gremio aclara que no cuestiona la reducción del precio, sino la forma y el calendario de su aplicación. No obstante, el Gobierno ha mostrado urgencia. Desde el año pasado ha anunciado su intención de bajar el precio, apoyado en un mayor equilibrio del subsidio al combustible a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2007 para mitigar la volatilidad internacional.

El FEPC acumuló un déficit significativo tras el congelamiento de precios durante la pandemia. Entre 2022 y 2025, el Estado desembolsó COP 72,8 billones para cubrir ese desbalance.

La decisión del Gobierno Petro de incrementar gradualmente el precio de la gasolina entre 2022 y 2024 —de alrededor de COP 9.000 a más de COP 15.000— fue considerada fiscalmente responsable por analistas. La reducción actual busca aprovechar el superávit que podría registrar el fondo este año, respaldar la caída del precio internacional, contribuir a contener la inflación y compensar parcialmente el subsidio que aún se mantiene en el diésel (ACPM).

El ajuste corresponde a una disminución cercana a COP 600 por galón en el Ingreso al Productor, es decir, el componente que remunera al productor del combustible —principalmente Ecopetrol en Colombia—.

Al mismo tiempo, otros elementos del precio aumentan, como el impuesto al carbono, el impuesto nacional y el margen de comercialización minorista. El efecto combinado es una reducción neta aproximada de COP 500 por galón en el precio final al consumidor.

El debate, según el gremio, va más allá de la dificultad operativa para bajar el precio. No se trata de mantener valores altos, sino de que la política pública —en este caso, las decisiones de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía— se ajuste a la realidad de la cadena de distribución que debe ejecutar dicha política.

De no hacerlo, advierten, se corre el riesgo de generar confusión en los consumidores, posibles sanciones y desconfianza entre los anuncios oficiales y el tiempo real que toma su implementación.

La reducción de COP 500 comenzó a regir el primero de este mes. El Ministerio de Hacienda aseguró que los recortes “están calculados para que el saldo final del FEPC llegue a cero al cierre del año”.

Datos del Centro de Pensamiento Económico ANIF indican que el déficit del fondo pasó de COP 36,7 billones en 2022 a COP 10,7 billones en 2024, y que para 2025 habría cerrado en COP 3,9 billones.

“Las reducciones anunciadas por el Gobierno son un alivio para los ciudadanos, pero su correcta aplicación exige coordinación institucional y tener en cuenta las realidades operativas del sector”, concluyó el gremio de minoristas.