Gobierno define plan para los últimos meses de trabajo en el Congreso: qué está en juego

A pocos meses de finalizar la legislatura y en medio de una campaña que influirá en cada proyecto, el gobierno de Gustavo Petro ya estableció la estrategia para impulsar sus iniciativas en el Congreso. Numerosos textos legislativos permanecen en juego.

El Ejecutivo definió su nuevo enfoque para avanzar en los proyectos del presidente Petro durante los últimos tres meses de sesiones en los que el debate ha sido escaso en el Capitolio Nacional. Así lo explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en conversación con El Espectador.

Benedetti detalló que, a partir del 16 de marzo, cuando se reanuden las actividades parlamentarias, la Casa de Nariño buscará sacar adelante las iniciativas clave, aprovechando la recta final del mandato del presidente y la atención que acaparará la campaña electoral.

La relación entre Ejecutivo y Legislativo se ha deteriorado durante los últimos dos años, con un quiebre decisivo en septiembre de 2025, cuando el Senado le propinó otra derrota al gobierno con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Este hecho provocó, según fuentes cercanas, un distanciamiento e incluso enfrentamientos entre Petro y el presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García. Desde entonces, el contacto entre ambos ha sido prácticamente nulo. Benedetti también redujo su presencia en el Capitolio, apareciendo solo en contadas ocasiones para conseguir el respaldo de la legislatura en iniciativas consideradas estratégicas para el gobierno.

Frente a esto, la estrategia cambió de manera significativa. Benedetti aseguró a El Espectador que “habrá más diálogo, pero bajo la responsabilidad del Congreso y sin que el Gobierno lidere o tramite los puntos directamente”. Esta táctica ya ha mostrado resultados: se logró aprobar la reforma a la Ley 30 de educación, aunque otros proyectos como la ley de financiamiento y la reforma a la salud fueron rechazados en los últimos días de sesiones.

Pese a estas derrotas, la insistencia en ciertos proyectos continuará. La prioridad será la ley de competencias, cuyo objetivo es asignar funciones a departamentos y municipios para una administración más eficiente de los recursos, complementando la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que aumentó las transferencias desde el gobierno central a las regiones en casi un 40 % durante los próximos 12 años.

Otras reformas, como la de salud, volverán a debate. Tras ser hundida en la Comisión Séptima del Senado, el congresista Fabián Díaz presentó una apelación —similar a la de la reforma laboral— que será discutida en la plenaria del Senado, donde el interés de la Casa de Nariño sigue vigente.

También están pendientes leyes relacionadas con el sector energético, como la reducción de tarifas y la prohibición del fracking, anunciadas como prioridades desde julio de 2025, aunque aún sin avances concretos.

El factor tiempo será crucial. El Congreso dispondrá solo de tres meses de sesiones, y estas estarán condicionadas por la intensidad de la campaña presidencial. Al retomar actividades, el país conocerá qué congresistas continuarán, quiénes saldrán y qué nuevas figuras ocuparán las casi 300 curules entre Senado y Cámara.

Conflictos con las Altas Cortes

Otro tema relevante será la relación con la Rama Judicial. Los constantes roces entre Ejecutivo y Corte han impulsado el discurso sobre respeto a la institucionalidad. Está pendiente la revisión de la ley pensional en la Corte Constitucional, un tema central para Petro, y en el que ha tenido varios desencuentros con el presidente de esa sala, magistrado Jorge Ibáñez.

Recientemente, un grupo de exconsejeros de Estado solicitó al ministro Benedetti retractarse por comentarios que hizo sobre los presidentes de las Altas Cortes. En un mensaje en redes del 5 de enero, en el contexto de tensiones entre Petro y Donald Trump, se refirió a los magistrados como “narcos”.

Benedetti respondió descartando cualquier falta de respeto: “Nunca faltaría el respeto a las Altas Cortes ni las he relacionado con los narcos. Mi intención era señalar que si una Corte considera que un Estado es fallido, como en Venezuela, entonces formaría parte de ese Estado fallido”.