Un atentado ocurrido en la mañana del 24 de abril en Cali dejó a la comunidad en estado de conmoción. Un vehículo, aparentemente cargado de explosivos, detonó en las cercanías del Cantón Militar Pichincha. Según el alcalde Alejandro Eder, dos cilindros de gas fueron lanzados desde un bus: uno cayó dentro del batallón sin detonar, mientras que el otro explotó dentro del vehículo de transporte público. Para intensificar la búsqueda del responsable, Eder anunció una recompensa de hasta COP 50 millones.
Las autoridades están realizando investigaciones para esclarecer el incidente. Eder sugirió que las disidencias de las FARC podrían estar detrás del ataque, señalando que “desde el año pasado, los terroristas han apuntado a golpear la ciudad.” Subrayó la necesidad de que el Gobierno Nacional actúe con firmeza contra los grupos narcoterroristas ubicados en la región, considerándolo un retroceso hacia la violencia.
En respuesta a los eventos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su solidaridad con la población de Cali y reafirmó el compromiso del Gobierno de incrementar las medidas de seguridad. “Vamos a tomar medidas en lo que tiene que ver con inteligencia y aumentar la presencia policial en la ciudad,” indicó Benedetti tras comunicarse con el alcalde.
Por su parte, la Asociación de Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación sobre la serie de atentados que han afectado a varias ciudades del país. Andrés Santamaría, director ejecutivo de la organización, aseveró que este tipo de terrorismo representa una grave amenaza a la estabilidad institucional. “Rechazamos con firmeza el cobarde atentado perpetrado en Cali. Esta situación requiere respuestas más contundentes,” enfatizó.
El uso de un bus escolar como medio para cometer actos terroristas fue condenado por Santamaría, quien describió tal acción como “inaceptable”. Este atentado en particular se suma a otros siete incidentes terroristas que han sucedido en la ciudad durante el año. “Estamos ante una amenaza persistente que no se puede abordar con soluciones inadecuadas,” advirtió.
El Ministerio del Interior y Asocapitales coincidieron en la necesidad de adoptar medidas más severas para prevenir futuros ataques y garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las principales ciudades del país. La situación sigue siendo objeto de análisis, mientras las autoridades continúan su lucha contra el crimen organizado.
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