Control de Tierras a Cargo de Jueces Civiles
La Corte Constitucional de Colombia ha decidido que los jueces civiles serán los responsables de resolver los conflictos de tierras en el país. Esta decisión fue tomada de manera unánime por la Sala Plena el 22 de abril y se mantendrá hasta que una jurisdicción agraria esté en pleno funcionamiento.
Revisión Judicial Obligatoria
Esta resolución sigue en línea con la demanda presentada por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman. Él argumentó que la revisión judicial de este tipo de casos estaba ralentizando la toma de decisiones y obstaculizando los objetivos de la reforma agraria establecida en el Acuerdo de Paz de 2016. Aunque la ley estatutaria para la jurisdicción agraria ha sido firmada por el presidente Gustavo Petro, aún falta la aprobación en el Congreso de la ley ordinaria que defina su funcionamiento.
Exhortación al Congreso
La Corte ha instado al Congreso a cumplir con lo recomendado en el artículo 4 del Acto Legislativo 03 de 2023, que modifica la Constitución para crear una Jurisdicción Agraria y Rural. Esta reforma contempla la creación de jueces y magistrados especializados en el manejo de conflictos relacionados con la tierra y la propiedad rural. Además, ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura que inicie los preparativos para establecer tribunales agrarios para el año 2027.
Debate en la Sala Plena
El debate en la Corte comenzó el 15 de abril, centrándose en si las decisiones sobre propiedad rural y acceso a tierras deben seguir bajo la tutela de jueces o pueden ser manejadas por autoridades administrativas. Este asunto es de gran relevancia, dado que la ANT podría tomar decisiones en procesos como la clarificación de propiedad, que actualmente requieren revisión judicial.
División Entre Expertos
La intervención de la ANT en estos procesos ha causado divisiones entre expertos y entidades, generando preocupación sobre la seguridad jurídica en temas de tierras. Harman defendió su posición argumentando que, en ausencia de una jurisdicción agraria totalmente operativa, los casos terminan en despachos ordinarios sin la especialización necesaria, lo que retrasa decisiones cruciales.
Impacto en Derechos Fundamentales
La demanda planteaba que, como medida temporal, la ANT debería tener la capacidad de tomar decisiones sin la revisión judicial obligatoria para adelantar el proceso. Esta propuesta ha suscitado críticas, con advertencias sobre el potencial impacto en derechos como el acceso a la justicia y a la tierra, especialmente para grupos vulnerables.
Posiciones Contrapuestas
El estudio de la demanda fue liderado por el magistrado Vladimir Fernández y estuvo respaldado por audiencias públicas en las que participaron diversas partes interesadas, evidenciando diversas posiciones en el tema. Algunas voces apoyaron el desbloqueo de los procesos, mientras que otras advirtieron sobre el riesgo de afectar garantías fundamentales al transferir funciones judiciales a una entidad administrativa.
Opiniones de DeJusticia
Uno de los argumentos importantes que influyeron en la decisión de la Corte vino del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que alertó sobre la tensión existente en el marco regulatorio. Afirmaron que, aunque los casos deberían ser gestionados por jueces especializados, no se debe trasladar la autoridad a la ANT. Este debate llega al meollo de la cuestión sobre quién debería decidir sobre la tierra: una autoridad administrativa o un juez imparcial, dado que este tema involucra derechos fundamentales fundamentales sobre propiedad y acceso.