Hay millones de oficios que mantienen en marcha la economía cotidiana, aunque no figuren en contratos, nóminas ni sistemas de seguridad social. Son trabajos sin pensión, sin vacaciones pagadas y, en la mayoría de los casos, sin protección laboral. Ese universo sigue siendo mayoritario en Colombia.
De acuerdo con el DANE, entre septiembre y noviembre de 2025, el 55,4 % de las personas ocupadas trabajaba en condiciones de informalidad. La cifra es prácticamente igual a la del mismo periodo de 2024 (55,3 %), levemente mejor que la de 2023 y claramente inferior a la registrada durante los peores años de la pandemia. Aun así, el dato es contundente: más de la mitad del país trabaja sin respaldo laboral.
En números absolutos, de 24,5 millones de ocupados, cerca de 13,5 millones se encuentran en la informalidad. La estabilidad del indicador no refleja una mejora real, sino una informalidad estructural, arraigada y resistente al cambio, que se mantiene pese al crecimiento económico o a los ajustes del mercado laboral.
La brecha territorial sigue siendo profunda. En los centros poblados y zonas rurales dispersas, la informalidad alcanzó el 83,4 % durante el trimestre analizado. En otras palabras, ocho de cada diez personas trabajan por fuera del empleo formal. Aunque el dato es inferior al de años anteriores, aumentó frente a 2024 y confirma que, en estos territorios, el contrato formal es la excepción.
El panorama urbano es distinto, aunque lejos de ser ideal. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad se ubicó en 42,3 %, mientras que en el conjunto de 23 ciudades fue de 43,6 %.
La tendencia de largo plazo muestra una reducción gradual. Hace diez años, la informalidad en las 23 ciudades era del 48,8 %, y quince años atrás llegaba al 52,9 %. Hoy es casi 10 puntos porcentuales menor, aunque la distancia frente al mundo rural sigue superando los 40 puntos.
El mapa urbano revela contrastes marcados. Sincelejo lidera el ranking con una informalidad del 67,1 %, seguida por Valledupar (65,4 %) y Cúcuta (61,3 %). En el extremo opuesto están Bogotá (35,3 %), Manizales (37,2 %) y Medellín (37,8 %).
Por sexo, el trimestre deja un mensaje ambiguo. Entre los hombres ocupados, la informalidad fue del 57,8 %, mientras que entre las mujeres se ubicó en 51,9 %. La brecha persiste, pero con un giro relevante: la informalidad masculina aumentó frente a 2024, mientras que la femenina registró una leve reducción.
El factor que mejor explica la informalidad es el tamaño del empleador:
Microempresas: 84,5 % de sus trabajadores son informales.
Empresas pequeñas: 21,9 %, con un aumento frente al año anterior.
Empresas medianas: 5,3 %.
Empresas grandes: apenas 2,2 %.
La informalidad se concentra, así, en los negocios más pequeños, en el autoempleo y en formas de emprendimiento sin respaldo institucional ni financiero.
El comportamiento de los jóvenes refuerza este diagnóstico. En noviembre de 2025, Colombia registró 2,26 millones de personas entre 15 y 28 años que no estudiaban ni trabajaban, los llamados “ninis”. Es el nivel más bajo desde junio de 2016. En un año, el grupo se redujo en 117.000 personas, y frente a octubre de 2025, en 38.000.
Hoy, dos de cada diez jóvenes están por fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral, dentro de una población total de 11,41 millones en ese rango de edad. La mejora se explica principalmente por los hombres, que alcanzaron su nivel más bajo desde finales de 2016. En las mujeres, el cambio ha sido mucho más limitado.
La brecha es clara: 1,56 millones de mujeres jóvenes no estudiaban ni trabajaban, frente a 698.000 hombres, una diferencia de 866.000 personas. El perfil del nini en Colombia sigue siendo mayoritariamente femenino.
Leído en conjunto, este panorama sugiere que la condición de nini suele convertirse en una puerta de entrada a la informalidad.
La comparación con 2024 confirma el punto muerto. Hace un año, la informalidad ya rondaba el 55,3 % a nivel nacional. En las ciudades había aumentado frente a 2023 y la brecha de género mostraba un comportamiento inverso al actual. En 2025, el patrón vuelve a cambiar, pero sin alterar el fondo del problema.
Colombia permanece atrapada en un equilibrio incómodo, donde millones de personas trabajan sin red de protección, sin estabilidad y sin horizonte claro, mientras el indicador se mueve apenas lo suficiente para no encender alarmas mayores.
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