La rama judicial aclara su postura tras críticas de Petro sobre el decreto de pensiones

Reacción a las declaraciones del presidente Petro

Las autoridades judiciales de Colombia se pronunciaron recientemente tras las críticas del presidente Gustavo Petro hacia el Consejo de Estado. Este organismo había decidido suspender el traslado de 5 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. Petro calificó esa decisión como “inconstitucional” y un “golpe de Estado” contra el pueblo soberano. En sus declaraciones, enfatizó que el Consejo de Estado carece de legitimidad para anular los derechos de los trabajadores.

Respuesta de la Comisión Interinstitucional

Ante estas afirmaciones, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un comunicado en respuesta a los comentarios del presidente. Manifestaron que lo expresado por Petro resulta incompatible con la “relación armónica” que debe existir entre las diferentes ramas del poder público. Resaltaron la importancia de respetar la separación de poderes y recordaron que la Constitución Política establece la capacidad de suspender los efectos de actos administrativos, incluyendo aquellos del poder ejecutivo, como un control necesario sobre el ejercicio del poder.

Validez del Consejo de Estado

En el comunicado, las autoridades judiciales validaron el trabajo realizado por el Consejo de Estado, subrayando que su existencia, competencias y legitimidad tienen un origen directo en la Constitución. Afirmaron que la protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto hacia las decisiones judiciales son fundamentales, instando a las demás ramas del poder a hacer lo mismo.

Detalles del decreto suspendido

El pasado 11 de mayo, el Consejo de Estado suspendió la totalidad del decreto 415 de 2026, que ordenaba a los fondos de pensiones transferir más de 27 billones de pesos a Colpensiones. Esta medida se había implementado en respuesta a una solicitud del Ejecutivo desde el 23 de abril, pero ya el 28 de abril se había suspendido parcialmente su aplicación. La controversia radica en los fondos de las personas que se trasladaron de fondos privados a públicos y que aún no se han pensionado.

Implicaciones de la suspensión

La decisión más reciente del Consejo de Estado se enfoca en aquellos dineros de quienes ya cumplieron con los requisitos para pensionarse pero todavía no han recibido el beneficio. La demanda en contra del decreto menciona que las acciones del Gobierno infringen normativas previas y destacan que hubo una extralimitación de funciones, violando la confianza legítima de los ciudadanos.

Compromiso con el orden constitucional

La Comisión Interinstitucional reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Esperan que se respeten las decisiones judiciales y se mantenga la autonomía del poder judicial en el país. Con este pronunciamiento, las autoridades buscan reforzar el respeto entre las distintas ramas del poder y asegurar la correcta administración de justicia en Colombia.