Las consecuencias de mantener el arancel al petróleo colombiano que se transporta por Ecuador

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador continúa intensificándose y ahora tiene como uno de sus puntos más sensibles el sector energético. Esta semana, el gobierno ecuatoriano anunció la imposición de un cobro adicional al crudo colombiano que es transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una medida que podría tener impactos relevantes si se mantiene en el tiempo.

En medio de este cruce de decisiones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia dio a conocer este viernes el listado de 20 productos ecuatorianos que pasarán a pagar un arancel del 30 % para ingresar al mercado colombiano. La medida afecta principalmente a bienes agrícolas y alimentos básicos como arroz, frijoles, plátano, azúcar y aceites vegetales; derivados de la pesca, como aceites y grasas de pescado; y una amplia gama de insumos industriales, entre ellos plásticos, envases, llantas, tubos de acero, papel para embalaje, calzado impermeable y herramientas de perforación.

No obstante, el mayor foco de la disputa se ha trasladado al ámbito energético. Desde este viernes, Colombia suspendió las exportaciones de electricidad hacia Ecuador, que representan el principal rubro de ventas colombianas a ese mercado. Como respuesta, el Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano advirtió que el transporte de crudo colombiano por el OCP también estaría sujeto a una tarifa adicional.

Con el fin de evitar una mayor escalada del conflicto, ambos gobiernos acordaron sostener una reunión bilateral. Colombia propuso inicialmente que el encuentro se realizara este domingo, pero Ecuador planteó que se lleve a cabo la próxima semana, propuesta que fue aceptada. Así lo confirmó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

El origen del choque se remonta a la decisión anunciada por Ecuador de aplicar un cobro del 30 % a los productos colombianos que ingresan a su territorio, medida que el gobierno ecuatoriano ha descrito como una “tasa de seguridad” asociada a los costos derivados de la situación en la frontera común.

La preocupación por el crudo del Putumayo
Una de las medidas que genera mayor inquietud es el eventual sobrecosto al transporte de petróleo colombiano a través del OCP, que afectaría especialmente la producción ubicada en la cuenca del Putumayo. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en 2025 esta región registró una producción promedio cercana a los 19.200 barriles diarios, con un pico de 22.000 barriles por día en noviembre, el dato más reciente disponible.

La operación en esta zona está a cargo de cuatro compañías: Ecopetrol, Geopark, Gran Tierra y Parex. De ellas, Ecopetrol es la que mayor volumen de crudo moviliza por territorio ecuatoriano, con cerca de 10.500 barriles diarios que usualmente transitan por el OCP. Le sigue Gran Tierra, con aproximadamente 9.000 barriles diarios, y luego Geopark, con unos 1.000 barriles, aunque estos últimos se transportan por ductos diferentes al OCP.

Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que desde diciembre no se está utilizando el Oleoducto de Crudos Pesados debido a daños en la infraestructura, por lo que actualmente no hay transporte de crudo colombiano por esa vía.

Aun así, el panorama genera incertidumbre, ya que no está claro si la medida anunciada por Ecuador se mantendrá ni por cuánto tiempo estaría vigente. De prolongarse, el impacto económico podría ser significativo.

Según explicó Julio César Vera, presidente de Xua Energy, en caso de que se interrumpa el paso por Ecuador, la alternativa sería transportar el crudo en carrotanques hasta Neiva para usar el oleoducto del Alto Magdalena, o llevarlo hasta Vasconia, en Puerto Boyacá. Esto implicaría un aumento sustancial en los costos de transporte, que podrían pasar de entre 3 y 4 dólares por barril a rangos de 8 a 10 dólares.

Este incremento, advirtió, tendría efectos directos sobre los costos operativos y financieros de las compañías, así como sobre las regalías que recibe el departamento, al encarecerse de manera significativa la logística de evacuación del crudo.