El Concejo de Bogotá aprobó, la semana pasada, el proyecto denominado “Ruta por la Vida”, promovido por la concejal Clara Lucía Sandoval. A pesar de algunos votos en contra, esta iniciativa ha generado preocupación en diversos colectivos de derechos humanos, incluyendo La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que advierten que el proyecto complicará el acceso de las mujeres al aborto, en lugar de facilitarlo.
Varios colectivos han llamado la atención sobre el carácter inconstitucional de esta ley, que plantea barreras significativas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El proyecto ignora la jurisprudencia existente que defiende la autonomía reproductiva de las mujeres y establece que el Estado no debe imponer obstáculos que representen cargas desproporcionadas para acceder a servicios de salud reproductiva.
Las barreras presentes en el Acuerdo (340) son múltiples. El proyecto parece desconocer normativas vigentes, incluidas resoluciones del ministerio de Salud, y propone “alternativas a la IVE” que contradicen la Ruta Materno Perinatal, que ya brinda información sobre las opciones de atención en casos de embarazos no deseados. A pesar de presentarse como una estrategia para mejorar la atención a mujeres gestantes, quienes la defienden sostienen que la normativa nacional garantiza plenamente dicha atención.
La representante de La Mesa enfatiza que las barreras al aborto producen consecuencias lamentables, como la búsqueda de servicios inseguros, afectando no solo a mujeres, sino también a hombres trans y personas no binarias. Afirma que este proyecto fomenta un estigma hacia quienes optan por la interrupción del embarazo.
Desde 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo ciertas circunstancias, ha habido más de 40 intentos de nulidad de esta decisión. Estos esfuerzos, que incluyen iniciativas legislativas antiabortistas, han sido históricamente respaldados por sectores conservadores y religiosos. Sin embargo, a pesar de estos intentos, el aborto sigue siendo un derecho accesible hasta la semana 24 de gestación.
Se han documentado prácticas discriminatorias en la atención a mujeres que buscan acceder al aborto, incluyendo la violencia obstétrica. La falta de apoyo de algunos prestadores de salud provoca sufrimiento innecesario a quienes toman esta decisión.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tiene la responsabilidad de sancionar o objetar el acuerdo. Según información de la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer, parece probable que se oponga a esta normativa, lo que generaría un alivio para quienes defienden el derecho al aborto.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres promueve la defensa de la autonomía reproductiva y el respeto a las decisiones individuales. La organización trabaja en conjunto con otros colectivos para garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, considerando que la lucha por estos derechos es fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa.
Finalmente, la situación actual obliga a un debate amplio sobre los derechos de las mujeres en Colombia. La mesa de diálogo debe incluir argumentos científicos, sociales y políticos para avanzar en la igualdad y garantizar un futuro donde las decisiones sobre el cuerpo sean respetadas y apoyadas, sin juicios ni discriminación.
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