Lo que señaló la CPI sobre el Acuerdo de Paz y la ejecución de las sanciones impuestas por la JEP

La Corte Penal Internacional (CPI) permaneció cuatro días en Colombia evaluando el progreso en la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo las sanciones impuestas a exintegrantes de las FARC-EP y a miembros de la Fuerza Pública vinculados a delitos del conflicto armado. Está prevista una nueva visita de la delegación internacional entre marzo y abril.

La Fiscalía de la CPI concluyó recientemente una revisión sobre los avances del país en la aplicación del Acuerdo y resaltó progresos en el funcionamiento del modelo de justicia transicional restaurativa. En particular, destacó avances en la emisión de decisiones judiciales, la calificación jurídica de conductas y la identificación de patrones macrocriminales.

El balance se dio a conocer tras una sesión de trabajo conjunta con entidades del Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con el comunicado oficial, por parte de la CPI participaron Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos de la Oficina del Fiscal, y Eugenia Valenzuela, oficial jurídica de la Unidad de Asuntos Externos (Complementariedad y Sociedad Civil). Ambos analizaron el contenido de las tres primeras sanciones dictadas por la JEP y los planes diseñados para la ejecución de los proyectos restaurativos correspondientes.

La revisión tuvo lugar durante la novena sesión de la Instancia de Articulación, un espacio interinstitucional creado para coordinar el cumplimiento de las sanciones propias o restaurativas impuestas a responsables de crímenes graves cometidos en el marco del conflicto armado. En ese escenario, los delegados de la CPI conocieron tanto el contenido de las primeras tres sanciones como las estrategias previstas para implementar los proyectos restaurativos asociados.

“Durante la jornada, las entidades detallaron el proceso interinstitucional orientado a garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos contemplados en las dos sentencias que imponen Sanciones Propias. La primera corresponde al Caso 01 contra siete exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP por la política de secuestro; la segunda, al Subcaso Costa Caribe del Caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en esa región del país”, indicó el comunicado.

La CPI cerró en 2021 el examen preliminar sobre Colombia, tras más de 17 años de seguimiento, al considerar que existían avances en la investigación y juzgamiento de crímenes internacionales a través de la JEP. No obstante, el tribunal conserva la facultad de reactivar actuaciones si el Estado deja de adelantar investigaciones serias sobre estos hechos.

Este punto adquiere relevancia luego de que, en noviembre pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU eliminara el mandato de la Misión de la ONU en Colombia respecto a la verificación de las sanciones propias. En caso de presentarse retrocesos significativos en la implementación, la CPI mantiene sustento jurídico para retomar su intervención.

¿Qué expresó la CPI sobre su visita?

Los delegados del tribunal internacional reiteraron que Colombia constituye un referente en materia de justicia transicional y “destacaron avances sustanciales en la calificación de conductas, la identificación de patrones macrocriminales y el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

La CPI anunció que continuará monitoreando la implementación de las sanciones propias para verificar su ejecución efectiva en los territorios. De hecho, está programada una nueva visita entre marzo y abril.

Durante la sesión, las autoridades colombianas presentaron el esquema operativo diseñado para poner en marcha los proyectos restaurativos contemplados en decisiones judiciales ya adoptadas, incluyendo aquellas relacionadas con secuestro y con asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas de manera ilegítima como bajas en combate. El énfasis estuvo en la manera de convertir las órdenes judiciales en acciones concretas con participación de víctimas y entidades estatales.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, resaltó el alcance institucional del compromiso con la CPI y subrayó que el trabajo coordinado busca que las sentencias estén respaldadas por proyectos que reparen los daños causados y garanticen los derechos de las víctimas y de los territorios.

“Las sentencias deben estar soportadas en proyectos que restauren los daños ocasionados, asegurando condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan ejecutarlos. Además, deben contribuir al restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas y de los territorios. Este trabajo articulado demuestra que el Estado está cumpliendo sus obligaciones”, afirmó Ramelli.

Por su parte, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, informó que desde esa cartera se han estructurado siete proyectos restaurativos en apoyo a distintos casos de la JEP y en coordinación con las víctimas. “Estamos preparados para iniciar su financiación y ejecución en abril próximo”, indicó.

Las entidades también explicaron que la puesta en marcha de estos proyectos —ligados a decisiones judiciales sobre secuestro y sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate— requiere coordinación administrativa, recursos suficientes y garantías de seguridad.

El comunicado recuerda que el acuerdo de cooperación suscrito en 2021 con la CPI contempla el seguimiento a estos avances y a las condiciones de implementación del Acuerdo de Paz.