Los partidarios del ex presidente boliviano Evo Morales anunciaron una interrupción en sus movilizaciones para exigir la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz. Esta decisión se tomó en el tercer día del estado de excepción declarado por el gobierno, en respuesta a más de un mes de bloqueos de carreteras que causaron pérdidas económicas significativas.
El movimiento, liderado por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, uno de los sindicatos de cocaleros más influyentes del país, optó por un “cuarto intermedio”. Isidro Auca, uno de los dirigentes, afirmó que la medida busca “pacificar” el país, aunque advirtió que “esta lucha va a continuar” y que “la batalla no termina”.
Auca también criticó un reciente acuerdo entre el gobierno y Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), acusándolo de haber “traicionado” a los sindicatos.
Morales, quien estuvo presente durante el anuncio, respaldó la decisión de hacer una pausa, pero subrayó que esto no implica rendición. Reiteró sus acusaciones de que Paz está “entregando” los recursos naturales del país a empresas extranjeras y que esto podría resultar en un aumento en los costos de servicios básicos y combustible, afirmaciones que el gobierno ha desmentido enérgicamente.
Una dirigente cocalera, cuya identidad no se reveló, hizo eco de las palabras de Auca y afirmó que el Trópico de Cochabamba sigue “en estado de emergencia” para proteger tanto la “vida” como a Evo Morales.
El conflicto, que se intensificó desde el 6 de mayo, ha llevado al gobierno a implementar el estado de excepción para tratar de aliviar los bloqueos, que inicialmente fueron organizados por la COB y campesinos de La Paz antes de que los seguidores de Morales se unieran. Las autoridades han acusado a Morales de promover las protestas con fondos ilícitos, argumentando que buscan desestabilizar al gobierno.
Las interrupciones en las carreteras han tenido un grave impacto en diversas ciudades, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Hasta ahora, al menos 16 personas han fallecido, trece de ellas por la falta de atención médica debido a los bloqueos, y las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares.
Desde que se implementó el estado de excepción, fuerzas policiales y militares han sido desplegadas en varias carreteras para despejar los obstáculos establecidos por los manifestantes. Las autoridades buscan restaurar el orden, pero la creciente tensión entre el gobierno y los seguidores de Morales sugiere que los desafíos aún no han terminado.
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