Más de 25 años de chavismo: estancamiento en derechos de mujeres y población LGBTIQ+ en Venezuela

Tras más de dos décadas de gobierno chavista, los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en Venezuela han mostrado un avance limitado, con retrocesos en varias áreas clave, denuncian analistas y activistas. La continuidad política de Nicolás Maduro durante trece años y la influencia de su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, junto con la cercanía con sectores religiosos, han generado un entorno restrictivo para estas poblaciones.

Según Quiteria Franco, coordinadora de la organización Unión Afirmativa, el giro hacia alianzas con iglesias evangélicas —como la celebración del Día de la Biblia y del Pastor Evangélico— cerró la puerta a reformas legales pendientes: aborto seguro, matrimonio igualitario, reconocimiento legal de identidad de género y leyes contra la discriminación. Este contexto ha fomentado un silencio institucional que invisibiliza las violencias y vulneraciones que continúan ocurriendo.

Wilson Castañeda, presidente de Equal Rights Coalition, explica que la limitación de derechos no fue repentina, sino gradual: durante la fase final de Hugo Chávez se desmontaron libertades para feminismos y personas LGBTIQ+, bajo la narrativa de que estas agendas eran prácticas neoliberales. En la práctica, cualquier activismo sobre estos temas fue perseguido o desincentivado.

Mujeres y derechos reproductivos
En materia de derechos sexuales y reproductivos, Venezuela se mantiene estancada desde los años 2000. El aborto sigue penalizado, salvo riesgo de muerte para la persona gestante, y la interrupción voluntaria puede ser castigada con hasta dos años de prisión. Esto ha obligado a muchas mujeres a cruzar la frontera hacia Colombia para acceder a servicios de aborto seguro.

El sistema de salud deteriorado también dificulta el acceso a anticonceptivos y otros métodos básicos. Según la Red de Mujeres Constructoras de Paz, en 2024, el 40 % de las mujeres en edad reproductiva no utilizaba métodos anticonceptivos por su costo y la escasez. La violencia contra las mujeres persiste: entre enero y agosto de 2025, Utopix registró al menos 106 feminicidios. Además, más de 180 mujeres se encuentran detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y se han documentado agresiones sexuales y violencias de género en centros de detención, según Transparencia Venezuela y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Situación de la población LGBTIQ+
La legislación venezolana ofrece solo principios generales de igualdad y no discriminación, sin garantías explícitas de derechos civiles, sociales, políticos o económicos. No existen matrimonio ni adopción igualitaria, ni leyes de identidad de género para personas trans y no binarias. Según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, en 2023 se registraron 461 incidentes de violencia y discriminación, y en 2024 al menos 68 mujeres LBT fueron víctimas de agresiones.

El acceso a servicios básicos también es limitado: la salud diferenciada, la seguridad social, la inclusión laboral y la protección frente a prácticas como “terapias de conversión” siguen siendo insuficientes. Las oficinas gubernamentales creadas para la defensa de la diversidad sexual no cuentan con mecanismos efectivos de protección ni sanción.

Cierre de organizaciones sociales
La “ley anti ONG” de 2024 y regulaciones financieras han restringido el funcionamiento de organizaciones civiles, limitando su financiamiento y acceso a cooperación internacional. Esto, sumado a la criminalización de la crítica al gobierno mediante leyes como la “ley contra el odio” y la “ley contra el fascismo”, ha generado un silencio forzado en el activismo social.

Influencia externa e incertidumbre
Tras la captura de Maduro, Donald Trump afirmó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta asegurar una transición. Expertos señalan que, aunque los derechos humanos no parecen ser prioridad para la intervención estadounidense, podría afectar mínimamente los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. Wilson Castañeda advierte que incluso las pocas medidas humanitarias existentes podrían reducirse, generando nueva migración forzada de estas comunidades.

En síntesis, más de 25 años de chavismo han dejado a mujeres y personas LGBTIQ+ con derechos limitados, leyes insuficientes, violencia persistente y un espacio de participación social cada vez más reducido, mientras la incertidumbre política actual podría perpetuar o agravar estas condiciones.