ONU alerta sobre posible ejecución extrajudicial tras operativo de ICE en Minneapolis

Seis relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron que el uso de fuerza letal por parte de autoridades migratorias estadounidenses en Minneapolis, donde dos personas murieron en enero durante un operativo, podría constituir una ejecución extrajudicial y una privación arbitraria de la vida, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos.

En un pronunciamiento conjunto, los expertos —entre ellos el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la relatora sobre libertad de reunión, Gina Romero; y la relatora sobre tortura, Alice Jill Edwards— señalaron que los hechos deben investigarse de manera independiente, imparcial y exhaustiva para determinar responsabilidades.

Los relatores también manifestaron inquietud por un presunto patrón de abusos asociados a la operación denominada “Metro Surge”, desarrollada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Minnesota. Según las denuncias recibidas, además de los dos tiroteos mortales, se habrían registrado episodios de uso excesivo de la fuerza contra migrantes en situación irregular, manifestantes pacíficos y transeúntes.

De acuerdo con el comunicado, desde diciembre se habrían desplegado miles de agentes armados en operativos descritos como “redadas militarizadas”, presuntamente ejecutadas sin orden judicial, con prácticas de perfilamiento racial y detenciones agresivas en inmediaciones de escuelas y centros de salud.

Los expertos instaron al Gobierno de Estados Unidos a garantizar la rendición de cuentas por cualquier muerte ilegal o vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, pidieron adoptar medidas de desescalamiento y asegurar el respeto al derecho a la vida, la libertad de expresión y la protesta pacífica, advirtiendo que la falta de controles efectivos podría agravar las tensiones sociales.

El pronunciamiento también fue suscrito por Mary Lawlor (defensores de derechos humanos), Ben Saul (lucha contra el terrorismo) e Irene Khan (libertad de expresión), quienes reiteraron la obligación estatal de ajustar sus actuaciones a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y protección de derechos humanos.