Un juzgado de Bogotá ordenó a la dirección del partido de La U pronunciarse de fondo, en un plazo máximo de 48 horas, sobre la solicitud de aval presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, en medio del conflicto interno que mantiene con la colectividad.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, tras analizar la acción interpuesta por la defensa del congresista, que denunció una dilación injustificada en el trámite del aval, radicado desde el pasado 13 de noviembre y que, hasta ahora, no había recibido respuesta formal.
Según el fallo, el partido no puede mantener indefinidamente en suspenso una solicitud que impacta directamente los derechos políticos de un representante elegido popularmente. En ese sentido, la jueza ordenó a la dirigencia de La U adoptar una decisión clara y definitiva dentro del término fijado.
López celebró el pronunciamiento judicial y aseguró que este fortalece las garantías democráticas dentro de las organizaciones políticas. Afirmó que la orden deja en evidencia que los partidos no pueden usar procedimientos internos para bloquear la participación política de sus propios militantes.
El juzgado también instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a resolver la impugnación presentada por el congresista, relacionada con las sanciones disciplinarias impuestas en su contra por el Comité de Ética del partido.
La disputa entre Julián López y la cúpula de La U se originó luego de que la colectividad señalara al congresista de promover una supuesta disidencia interna, denominada “La Nueva U”. Para las directivas, entre ellas Clara Luz Roldán, Alexander Vega y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, esta iniciativa constituía una violación de los estatutos y un desafío a la dirección partidista.
Como consecuencia, el Comité de Ética decidió sancionar a López con la suspensión de su voz y voto dentro del partido por un periodo de tres meses.
No obstante, la defensa del presidente de la Cámara sostiene que dichas sanciones se encuentran suspendidas y denuncia que el proceso disciplinario carece de solidez jurídica. Según sus abogados, se trataría de un procedimiento “artificial”, orientado a castigar una postura política y no una falta estatutaria real, lo que excedería los límites de la autonomía partidista establecidos en la Constitución.
Con este nuevo fallo, Julián López busca que se deje sin efecto la sanción interna y que se garantice su derecho a aspirar nuevamente a una curul en la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca en las elecciones legislativas de 2026. Para ello, también ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se revisen las actuaciones del partido.
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