Petro enfrenta una sanción de más de 8 millones de COP por desobedecer tutela en el asunto del fiscal Burgos

Multa para el Presidente Gustavo Petro

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá ha impuesto una multa de más de 8 millones de pesos colombianos al presidente Gustavo Petro. Esta sanción corresponde a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y se debe al incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con comentarios despectivos hacia el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

Causa de la Sanción

La polémica comenzó en 2023, cuando la Fiscalía y la Procuraduría centraron su atención en Nicolás Petro, hijo del presidente, por la supuesta recepción de fondos desviados de la campaña presidencial de su padre en 2022. Mario Burgos era el fiscal encargado de la investigación antes de ser removido del caso, que luego pasó a la fiscal Lucy Laborde.

Ante esta situación, el presidente Petro calificó públicamente a Burgos como “narcofiscal”, acusándolo sin pruebas de tener vínculos con el narcotráfico y de proteger a sospechosos en la muerte del fiscal anticorrupción paraguayo, Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022.

Decisión Judicial

Las declaraciones de Petro llevaron a que Burgos interpusiera una tutela, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales. Un juez de primera instancia, seguido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictó que los comentarios del presidente afectaron gravemente la honra e integridad del fiscal.

Como resultado, el presidente tuvo que emitir un comunicado a través de su cuenta de X, en el que se retractó de sus afirmaciones, destacando que Mario Burgos no tiene condenas ni sanciones en su contra y goza de la presunción de inocencia establecida en la Constitución.

Reacciones y Contexto

En su comunicado, Petro también mencionó que había “tensión institucional” generada por órdenes judiciales. Indicó que sus manifestaciones sobre la actuación del fiscal fueron juicios críticos propios de su rol político y dentro del debate democrático.

Sin embargo, el juzgado señaló que la rectificación realizada por Petro distorsionaba el propósito de la sentencia original del 28 de agosto de 2025. El núcleo del conflicto, según la decisión judicial, radica en la preservación del buen nombre de Burgos, dañado por las acusaciones presidenciales.

Incumplimiento de Órdenes Judiciales

El fallo del 27 de febrero menciona que, a pesar de las órdenes de cumplimiento entregadas al presidente, Petro no ha subsanado el daño. Se realizaron alocuciones y un Consejo de Ministros sin que se llevara a cabo la rectificación requerida en redes sociales.

Con base en esta falta de cumplimiento, el presidente deberá hacer frente al pago de la multa impuesta, lo que añade un nuevo capítulo a un conflicto que ha salpicado tanto a la moral pública como a la política colombiana.