El magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien recientemente asumió la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y actúa como ponente en el proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue recusado dentro de ese expediente. La solicitud busca que el togado se retire del caso por un posible conflicto de intereses.
De acuerdo con los argumentos presentados, uno de los motivos de la recusación es que el hijo del magistrado Solórzano integra la oficina del procurador que interviene en el proceso y que, en una etapa anterior, respaldó la postura de cerrar la investigación contra el exmandatario.
La petición fue presentada por los abogados de las víctimas, Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, quienes señalaron que esta situación podría comprometer la imparcialidad del magistrado al momento de analizar el expediente.
Según expusieron, el hijo de Solórzano hace parte del despacho del procurador Bladimir Cuadro, quien durante la primera instancia solicitó que Uribe Vélez fuera declarado inocente frente a las acusaciones de manipulación de testigos y fraude procesal. Posteriormente, en segunda instancia, el Ministerio Público pidió revocar la condena, decisión que finalmente fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El proceso llegó de manera definitiva a la Corte Suprema el pasado 13 de enero, luego de que tanto la Fiscalía como las presuntas víctimas presentaran demandas de casación ante la Sala Penal. Con estas buscan que se revise y eventualmente se modifique el fallo que absolvió a Uribe en segunda instancia.
El expresidente fue investigado y llevado a juicio por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. En primera instancia, el 28 de julio de 2025, fue hallado responsable de dos de esos cargos y condenado a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda. No obstante, Uribe apeló la decisión.
Posteriormente, en octubre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y absolvió al exmandatario por mayoría. La magistrada María Leonor Oviedo Pinto salvó su voto. Tras ese fallo, la Fiscalía y las víctimas manifestaron su desacuerdo y anunciaron el recurso de casación que ahora estudia la Corte Suprema de Justicia.