Destitución de un Mayor de la Policía por Uso Excessivo de la Fuerza
Este martes 7 de abril, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de destituir al mayor (r) de la Policía Nacional, Jorge Mario Molano Bedoya. La sanción incluye una inhabilidad de 14 años debido a actos irregulares vinculados al uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la muerte de un civil en Tolima.
Circunstancias del Hecho
Los incidentes que llevaron a esta condena se produjeron durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en Ibagué. En estas manifestaciones, un joven de 19 años, Santiago Andrés Murillo Meneses, fue fatalmente herido por un disparo de arma de fuego realizado por Molano Bedoya. A pesar de ser trasladado urgentemente en moto a la Clínica Nuestra Ibagué, el joven falleció a las 10:20 de la noche. La institución de salud confirmó que la causa de su muerte fue una grave herida en el tórax, atribuida al disparo del oficial.
Análisis de la Sanción
La Procuraduría argumentó que Molano Bedoya, en su rol como oficial de la Policía, debía estar enterado de las directrices sobre el uso de armas en contextos de manifestaciones sociales. Sin embargo, se determinó que el mayor (r) actuó en contra de su deber, ignorando los mandatos constitucionales y legales que regulan su función. La entidad consideró que su conducta fue una falta disciplinaria gravísima, cometida con dolo, lo que implica que su actuación fue consciente, voluntaria y deliberada.
Violación de Derechos Fundamentales
Además, el ente de control subrayó que Molano Bedoya violó el derecho fundamental a la vida, un derecho que debe ser protegido por la fuerza pública. La decisión refuerza la necesidad de que todos los miembros de las fuerzas de seguridad se adhieran estrictamente a las normativas que rigen su actuación, especialmente en situaciones de alta tensión como son las protestas.
En Contexto
Este caso resuena en un contexto donde el uso de la fuerza por parte de la policía ha sido objeto de intenso escrutinio, especialmente durante periodos de protesta social. La Procuraduría espera que esta sanción sirva como un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos humanos y los protocolos establecidos en el ejercicio de funciones de seguridad.
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