Procuraduría revisa contrato para la defensa de Petro tras su aparición en la Lista Clinton

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por un posible detrimento patrimonial relacionado con un contrato cercano a los COP 10.000 millones, firmado para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro luego de su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos. La actuación se abrió tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda.

Según el Ministerio Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) suscribió el contrato el 9 de enero de 2026, mediante contratación directa, con la firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido. El acuerdo tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026 y se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación. La defensa contratada estaría relacionada no solo con el presidente, sino también con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes también figuran en la lista estadounidense.

En su evaluación inicial, la Procuraduría señaló que el contrato contempla pagos de alto valor concentrados en un periodo muy corto, sin que se evidencie una justificación técnica clara que sustente la urgencia de acudir a una firma extranjera. Tampoco se explicaría, según el ente de control, por qué no se recurrió a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo que genera dudas frente al cumplimiento del principio de planeación.

Adicionalmente, el organismo advirtió que el contrato no incluye garantías de cumplimiento, pese a involucrar recursos públicos. Con base en estos elementos, se ordenó la apertura de una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en la celebración del acuerdo entre el Dapre y Amadeus Consultancy Limited, así como una eventual vulneración de los principios que rigen la contratación estatal, en la medida en que podrían haberse destinado fondos públicos a la defensa de intereses de carácter personal del jefe de Estado.

De acuerdo con la información publicada en el Secop II, el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, enfocados en el análisis normativo, doctrinal y procedimental de los regímenes de sanciones financieras internacionales impuestos por autoridades extranjeras. El alcance incluye la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgos institucionales y recomendaciones jurídicas estratégicas.

La actuación de la Procuraduría busca, en esta etapa, identificar o individualizar a los posibles responsables de una eventual falta disciplinaria. La investigación se originó en la denuncia de la congresista Katherine Miranda, quien advirtió sobre un posible uso indebido de recursos públicos para atender asuntos que, a su juicio, corresponden al ámbito personal del presidente.

Según la representante, el acompañamiento jurídico que inicialmente habría sido presentado como gratuito por el abogado y representante legal Daniel Kovalik terminó materializándose en un contrato millonario con su firma, financiado con recursos públicos. Miranda sostuvo que hasta el momento no existe una explicación suficiente sobre la necesidad del contrato, su elevado valor ni el procedimiento de contratación utilizado.

Por ello, solicitó que se verifique si la celebración de este acuerdo pudo generar un detrimento patrimonial, al estar vinculada con controversias personales del mandatario y no con objetivos de interés general. “Pedimos que se investigue si aquí se configuró un detrimento patrimonial, una vulneración de los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o incluso penales, como peculado o contratación irregular”, afirmó la congresista.