Las calles de Argentina vuelven a ser escenario de tensión social. Sindicatos y distintos sectores ciudadanos se movilizan contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, mientras la principal central obrera convocó a una huelga general para el día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate el proyecto, ya aprobado por el Senado.
La iniciativa podría debatirse esta semana o la siguiente en la Cámara baja. Entre sus puntos más cuestionados están la reducción de indemnizaciones por despido, la posibilidad de pagar parte del salario en bienes o servicios, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas y restricciones al derecho de huelga.
La confederación que agrupa a los trabajadores del transporte anunció que se sumará plenamente a la medida, lo que anticipa la paralización de servicios terrestres, aéreos y fluviales en todo el país.
Se trata de la cuarta huelga general contra las políticas del actual gobierno, en un contexto marcado por señales de recesión, retroceso en la producción industrial y fuerte caída del consumo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) califica el proyecto como “regresivo” y “contrario a la Constitución” y ha advertido que acudirá a la justicia si la norma es finalmente sancionada.
Desde el Ejecutivo sostienen que los cambios contribuirán a reducir la informalidad —que supera el 40 % del mercado laboral— y a fomentar la creación de empleo mediante una disminución de cargas para los empleadores.
La senadora Patricia Bullrich, quien encabeza la comisión de Trabajo en el Congreso, se reunió este lunes con Milei en la residencia presidencial de Olivos. Aunque inicialmente aseguró que no se introducirían modificaciones al texto aprobado en el Senado, luego admitió que se analiza flexibilizar el artículo que reduce al 50 % el salario cuando un trabajador se ausenta por enfermedad.
El Gobierno busca evitar cambios que obliguen a devolver el proyecto al Senado, lo que demoraría su aprobación definitiva. La intención oficial es sancionar la ley antes del 1 de marzo, fecha en la que Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso.
Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, había anticipado que existía consenso para convocar a una huelga nacional. Tras una reunión urgente del consejo directivo, la central confirmó la medida, que se realizará sin convocatoria a marchas.
Jerónimo afirmó que la protesta reflejará no solo el rechazo al proyecto laboral, sino también el malestar con la orientación económica y política del gobierno.
Desde la CGT aclararon que cada sindicato tendrá libertad de acción. La convocatoria será oficializada en una rueda de prensa prevista para el miércoles.
Por su parte, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció en redes sociales que garantizará la interrupción total del transporte de pasajeros el día en que la reforma sea discutida en Diputados.
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, se han perdido alrededor de 300.000 puestos de trabajo y han cerrado 21.000 empresas, según cifras del sector industrial.
La semana pasada, miles de personas se concentraron frente al Congreso cuando el Senado debatió la reforma, que finalmente fue aprobada por 42 votos contra 30. La manifestación derivó en enfrentamientos con la policía y dejó cerca de treinta detenidos.
La huelga general más reciente, realizada el 10 de abril de 2025, tuvo una adhesión moderada debido a que los sindicatos del transporte no se sumaron tras una intimación del Ministerio de Trabajo. En esta ocasión, con el respaldo explícito del sector transportador, el impacto podría ser significativamente mayor.
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