El registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó su preocupación por las dificultades de caja del Gobierno que han impedido, en las últimas semanas, el giro oportuno de recursos a proveedores vinculados a la organización de las elecciones de 2026. Así lo señaló en una entrevista con El Espectador, en la que explicó el impacto de la crisis fiscal en la Registraduría.
Penagos indicó que, en términos presupuestales, la entidad no enfrenta mayores inconvenientes, ya que la financiación de los comicios proviene del presupuesto de 2025 y de las vigencias futuras correspondientes a 2026. Sin embargo, precisó que durante diciembre no se han podido efectuar pagos a los proveedores debido a problemas de liquidez del Ejecutivo.
“El esquema funciona así: se autoriza la contratación total de los servicios electorales, pero los desembolsos se van realizando a medida que cada proceso se cumple. El inconveniente actual es de caja, no de autorización presupuestal”, explicó el registrador.
Según detalló, se espera que en enero los recursos comiencen a fluir, ya que desde junio están en marcha procesos clave como la inscripción de votantes, el traslado de equipos, el desarrollo de software, la actualización del censo electoral y la depuración de bases de datos. Penagos advirtió que, si los pagos se siguen retrasando, algunos proveedores podrían verse obligados a suspender actividades.
A pesar de esta situación, el jefe de la Registraduría afirmó que no considera que los retrasos pongan en riesgo el calendario electoral. Recordó que el proceso ya está en curso y que el 21 de enero es la fecha límite para certificar qué precandidatos presidenciales por firmas cumplieron con el umbral requerido, además de iniciar la impresión de tarjetas electorales y otros trámites logísticos.
“Todo está contratado. El tema de la caja genera presión constante de los proveedores, pero de ahí a afirmar que el proceso electoral esté en peligro, no es así”, enfatizó.
Finalmente, Penagos señaló que a comienzos del próximo año la Registraduría deberá solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para las consultas que coincidirán con las elecciones legislativas. Con la revisión de firmas, se reducirá el número de aspirantes y se definirá con mayor claridad el escenario electoral, en el que, según anticipó, habrá al menos dos o tres consultas.