Tras el anuncio del aumento del salario mínimo del 23 % para 2026, el Gobierno nacional se prepara para implementar medidas destinadas a contener eventuales presiones inflacionarias y evitar incrementos especulativos en precios de bienes y servicios asociados al ajuste salarial.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que en los próximos días se expedirá un decreto con acciones de control de precios y desindexación, cuyo contenido se dará a conocer la próxima semana. El objetivo, según explicó, es mitigar los efectos secundarios que suele generar un incremento de esta magnitud sobre la inflación.
Sanguino reconoció que todo aumento del salario mínimo implica riesgos inflacionarios y puede incentivar prácticas especulativas. Por ello, señaló que el Gobierno entrará en un “estado de alerta” para vigilar el comportamiento de los precios y sancionar irregularidades. “La especulación hay que evitarla y perseguirla”, afirmó en entrevista con Blu Radio.
Una de las principales herramientas que utilizará el Ejecutivo será la desindexación de bienes y servicios que aún están referenciados al salario mínimo. De acuerdo con el ministro, ya se han desindexado 225 conceptos y actualmente se analizan otros 14, proceso que podría acelerarse mediante la figura de la emergencia económica vigente en el país.
Entre los elementos que todavía permanecen atados al salario mínimo se encuentra el valor de la vivienda de interés social, aunque el funcionario no entregó mayores detalles sobre posibles ajustes en este frente.
El aumento del salario mínimo ha generado inquietud entre empresarios, gremios y analistas económicos, quienes advierten impactos tanto inflacionarios como fiscales. Según Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, las presiones inflacionarias derivadas del ajuste salarial podrían sumar cerca de 242 puntos básicos adicionales a la inflación anual.
Bancolombia también alertó sobre efectos fiscales, al señalar que el mayor gasto en nóminas públicas y pensiones podría incrementar el gasto primario en aproximadamente 0,67 % del PIB, en un contexto de estrechez fiscal. Una advertencia similar hizo Asobancaria, que recordó que el salario mínimo funciona como piso legal solo para una fracción del total de ocupados en el país.
Desde el Ejecutivo, la lectura es distinta. El ministro Sanguino sostuvo que el aumento tendrá un impacto positivo sobre la demanda interna. Según sus cálculos, los cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo podrían generar alrededor de COP 800.000 millones mensuales adicionales en consumo, lo que dinamizaría el comercio de barrio y la producción local.
En la misma línea, el presidente Gustavo Petro defendió la medida al señalar que el incremento del salario mínimo fortalece el crecimiento económico. “El aumento de la demanda beneficia a los negocios: las empresas venden más y tienen mayores ingresos. No es un costo, es una inversión en el ser humano que crea riqueza a través de su trabajo”, afirmó el mandatario.
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