Se agudiza el choque entre el Gobierno y las regiones: 17 departamentos no aplicarán la emergencia económica

Luego de un encuentro entre los gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos, varios líderes regionales resolvieron no poner en marcha la medida adoptada por la Casa de Nariño para enfrentar la crisis fiscal. Desde el Ministerio del Interior ya hubo una respuesta.

Tras la reunión celebrada este jueves, en la que participaron 17 gobernadores, se abrió un nuevo foco de tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las administraciones regionales, a raíz del decreto de emergencia económica. Esta norma, que actualmente enfrenta demandas ante la Corte Constitucional y está bajo estudio del despacho del magistrado Carlos Camargo, ha generado un fuerte rechazo en los territorios.

De manera unánime, los mandatarios presentes acordaron no implementar la medida en sus departamentos, particularmente en lo relacionado con los impuestos a tabacos y licores. Además, plantearon la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional para exponer los efectos de la decisión sobre las finanzas regionales, así como presentar acciones de tutela de forma individual.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que elaborará un documento jurídico con el que se respaldará la no aplicación del decreto en cada una de las regiones. Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la declaratoria de emergencia económica pondría en riesgo los ingresos departamentales, afectando recursos clave para áreas como salud, educación y deporte.

Toro advirtió que el aumento del contrabando de cigarrillos, en muchos casos ligado a grupos ilegales, ha provocado una redistribución de las rentas que impacta negativamente las finanzas públicas. “Esto hace que ni siquiera contemos con los recursos suficientes para cumplir con los pagos a la Adres en el régimen subsidiado”, señaló.

En paralelo al encuentro de los gobernadores, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la decisión de los mandatarios. A su juicio, analizar la no aplicación del decreto constituye “un mal ejemplo”, y afirmó que los gobernadores estarían promoviendo el desacato a la ley, lo que podría configurar un delito de prevaricato.

El jefe de la cartera política insistió en que corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional revisar la legalidad del decreto y sostuvo que los gobernadores estarían “usurpando funciones” al pedir que no se acate la norma. Además, advirtió que podrían enfrentar responsabilidades patrimoniales por los impuestos que se dejarían de recaudar.