Se aviva la controversia por la declaratoria del Cartel de los Soles como organización criminal

Un cambio en el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate la designación del llamado Cartel de los Soles como organización criminal transnacional. Mientras sectores de oposición defienden la postura adoptada por el Congreso colombiano, el presidente Gustavo Petro y fuerzas del oficialismo cuestionan el relato que sustenta dicha figura y piden revisar esa determinación.

El giro en el caso judicial generó repercusiones inmediatas en la discusión política interna. Tras la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara, de proposiciones que calificaron al Cartel de los Soles como estructura criminal, surgieron voces que solicitaron al Legislativo reconsiderar o retractarse. Esto ocurrió luego de que medios internacionales informaran que en los documentos de acusación del Departamento de Estado de EE. UU. contra Maduro no aparece formalmente esa denominación, la cual sería, más bien, un término de uso coloquial para referirse a presuntos vínculos de funcionarios venezolanos con hechos de corrupción.

En Colombia se recordó que, en septiembre pasado, el Senado avaló una proposición para catalogar al Cartel de los Soles como organización terrorista, en un contexto de debates similares en escenarios políticos de Estados Unidos y Europa. En paralelo, la Cámara de Representantes aprobó otra iniciativa —impulsada por el Centro Democrático— para declararlo como organización narcotraficante, una caracterización que ahora es cuestionada a la luz de los recientes desarrollos del caso en EE. UU.

Durante ese debate legislativo, el presidente Petro sostuvo que no existían pruebas sobre la existencia de dicha organización y aseguró haber consultado a organismos de inteligencia del país. Aun así, en ese momento también hizo referencia a una supuesta “junta del narcotráfico”, de la cual tampoco se han presentado evidencias oficiales.

Tras conocerse el nuevo contexto del proceso judicial, el mandatario reiteró su postura y afirmó que no hay sustento para hablar de un Cartel de los Soles dentro del narcotráfico. En declaraciones públicas, Petro vinculó esa narrativa con intereses geopolíticos y económicos sobre Venezuela, aludiendo a doctrinas históricas de intervención y a presiones internacionales.

El presidente también señaló que, bajo ese argumento, se habría justificado su inclusión —junto con miembros de su familia y funcionarios del Gobierno— en listas de sanciones internacionales. En otro pronunciamiento, cuestionó dichas medidas y defendió la soberanía nacional, rechazando lo que considera intentos de silenciar posiciones políticas desde el exterior.

El debate se trasladó igualmente al Congreso. Legisladores del oficialismo criticaron las decisiones adoptadas por ambas cámaras y plantearon la necesidad de retractarse. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, calificó la proposición como absurda y sostuvo que deja en entredicho al Senado, al tiempo que cuestionó el papel de congresistas que promovieron la iniciativa.

En la misma línea, la senadora María José Pizarro afirmó que cualquier intento de justificar una intervención militar en Venezuela se basa en una premisa falsa, señalando que incluso autoridades estadounidenses reconocen que el Cartel de los Soles no constituye una organización narcotraficante estructurada, sino una expresión asociada a prácticas de corrupción.

Desde la oposición, en cambio, se descartó la posibilidad de una retractación. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, defendió la autonomía del Congreso y aseguró que la postura del Legislativo colombiano no depende de lo que ocurra en tribunales extranjeros. Según indicó, existen elementos suficientes para sostener que sectores del régimen chavista han tenido vínculos con economías ilegales y con grupos armados.

Motoa agregó que otros parlamentos, como el Europeo, han ido incluso más lejos al asociar al Cartel de los Soles con el terrorismo, citando la histórica relación del chavismo con organizaciones como el ELN y disidencias de las FARC. Desde distintos sectores opositores se insistió en que el juicio contra Maduro apenas comienza y que ello no debería condicionar las decisiones políticas adoptadas por el Congreso colombiano, que continúa señalando presuntos nexos del líder venezolano con el narcotráfico.