AME1809. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/01/2025.- Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2023 de personas caminando junto a un camión con la frase "FARC 33" en la Vereda Santa Rosa, en Catatumbo (Colombia). Los enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región colombiana del Catatumbo, con al menos 80 muertos y cerca de 20.000 desplazados, han hecho que el país vuelva a mirar a esa región del noreste que lleva décadas sometida a la violencia de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, presentó un informe sobre la crisis de derechos humanos en El Tarra, Norte de Santander. Tras intimidaciones de grupos armados en la región, se notificó el desplazamiento de 161 familias, muchas de las cuales han buscado refugio en diferentes albergues y hogares de familiares.
El 12 de marzo, la comunidad y la Personería Municipal reportaron sobrevuelos de drones en la zona. Se alega que desde estos drones, integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, liderados por alias “Calarcá”, emitieron mensajes a la población del corregimiento Filo Gringo, ordenando la evacuación del área. Después de este aviso, las disidencias enviaron un mensaje adicional, afirmando que su intención no era provocar un desplazamiento, sino enviar un ultimátum al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Defensoría comunicó que actualmente, diez familias están alojadas en un albergue ubicado en el Club de los Cacaos, y otras tres en el asentamiento 3 de Abril. La mayoría de las familias desplazadas se encuentran hospedadas en casas de amistades y familiares. Además, se anticipa que más personas de Filo Gringo llegarán a refugios en las próximas horas debido a la situación de riesgo.
La Defensoría del Pueblo calificó el desplazamiento como una grave violación al derecho internacional humanitario y a los derechos fundamentales de las personas afectadas. Ante esta alarmante situación, se hizo un llamado urgente a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, así como a otras entidades como la Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Se demandó la activación de planes de contingencia y rutas de prevención y protección.
La Defensoría reafirmó su compromiso de realizar un monitoreo continuo sobre la situación en El Tarra, asegurando que la activación de las instancias pertinentes es esencial para salvar vidas y garantizar la seguridad de las personas en riesgo. Organismos oficiales tienen la responsabilidad de actuar con celeridad para proteger a la población vulnerable ante estos escenarios de violencia.
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