Se reactivan las alarmas por el nuevo esquema de pasaportes: así respondió el Gobierno Petro

El nuevo modelo para la expedición de pasaportes volvió a quedar en el centro del debate luego de que la Contraloría General de la República emitiera una advertencia sobre el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal, señalando posibles escenarios de incertidumbre y riesgo financiero. Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro salieron a responder a los cuestionamientos.

La alerta del ente de control puso nuevamente bajo la lupa el esquema que comenzará a operar este año. Sin embargo, el propio jefe de Estado defendió el proyecto a través de su cuenta en X, donde afirmó que el país contará con “un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo” y aseguró que el nuevo modelo “ya está listo”.

El pronunciamiento del mandatario se dio como respuesta al informe divulgado por la Contraloría, dirigida por Carlos Hernán Rodríguez, en el que se expusieron los resultados de un análisis documental de los contratos vigentes y del modelo que se pretende implementar. En ese documento, el organismo advierte sobre un “riesgo inminente de afectación negativa al patrimonio público”.

Según la Contraloría, el nuevo esquema presenta debilidades asociadas a la falta de una estimación completa de costos, posibles incrementos operativos y riesgos cambiarios, factores que podrían comprometer las fuentes de financiación y afectar la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE). También se advierte que no existirían garantías suficientes para el suministro de pasaportes en caso de que se requieran volúmenes superiores a los mínimos pactados, así como impactos derivados de la valorización de los documentos en euros.

El ente de control señaló que la ausencia de un modelo financiero integral, previo a la firma del convenio de cooperación internacional, evidencia fallas en la estructuración del proyecto, al no contemplar de manera detallada los costos de producción, transporte y otros conceptos asociados. De superarse los valores inicialmente proyectados, se requeriría un aumento del presupuesto, lo que obligaría a definir nuevas fuentes de financiación.

Por ahora, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Rosa Villavicencio, no se ha emitido una respuesta directa frente a las observaciones de la Contraloría. No obstante, este viernes la Cancillería informó la terminación de un contrato tecnológico con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), destinado a la actualización y mejora de los sistemas de información del ministerio.

En el comunicado oficial, la cartera explicó que durante la ejecución de ese contrato se presentaron dificultades que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones, razón por la cual se inició un proceso sancionatorio en agosto de 2025 y se puso en conocimiento de la Contraloría la existencia de posibles irregularidades en la fase de planeación.

Antecedentes del nuevo modelo de pasaportes

El esquema de pasaportes ha estado rodeado de controversias desde su planteamiento inicial. En ese proceso se produjo la salida de dos cancilleres: Álvaro Leyva, suspendido por la Procuraduría, y Laura Sarabia, quien dejó el cargo tras diferencias internas en el Gobierno. Actualmente, el convenio se encuentra demandado y su legalidad es analizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Ministerio Público ha señalado que no existirían recursos suficientes para ejecutar el acuerdo y que, en su suscripción, no se habrían cumplido plenamente las normas de contratación con organismos internacionales. Entre las observaciones, se indica que la participación financiera de la Casa da Moeda de Portugal representaría solo el 21 % del valor total del convenio, por debajo del mínimo legal exigido del 50 %. Además, se cuestiona la ausencia de un proceso competitivo y la supuesta falta de capacidad técnica y operativa de la Imprenta Nacional para ejecutar el contrato.

Frente a estos señalamientos, la Cancillería ha sostenido que está en condiciones de demostrar la legalidad de las actuaciones adelantadas y ha reiterado que, hasta el momento, no existe ninguna decisión judicial que impida continuar con el proceso de producción de los nuevos pasaportes, el cual —según la entidad— avanza sin contratiempos.