El exparamilitar Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido con el alias de “El Obrero”, recibió una condena de 27 años de prisión tras ser hallado responsable de una serie de asesinatos ocurridos entre 2002 y 2003 en el departamento de Boyacá, hechos que la justicia catalogó como crímenes de lesa humanidad.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja impuso una pena de 330 meses de cárcel, equivalentes a 27 años y seis meses, al considerar probada su coautoría en cuatro homicidios agravados cometidos de manera reiterada. El fallo determinó que estos asesinatos formaron parte de un plan sistemático dirigido contra personas señaladas como supuestos colaboradores de la guerrilla o vinculadas a actividades delictivas comunes.
En la sentencia, el despacho judicial subrayó que los hechos son imprescriptibles debido a su carácter generalizado y sistemático. También se estableció que Arteaga Plazas empleó distintas fachadas para ubicar a sus víctimas, entre ellas la comercialización de minutos de telefonía en la Plaza de Bolívar de Tunja, actividad que le permitió identificar y seguir a las personas posteriormente asesinadas.
El fallo igualmente señaló la responsabilidad del Estado al haber permitido el accionar del grupo paramilitar, así como por el respaldo de integrantes de la Fuerza Pública y de entidades estatales como el DAS, el CTI y la Policía Nacional.
Entre las víctimas reconocidas en el proceso se encuentran Ricardo Rosales Orozco, Óscar Eliécer Moreno, Dydyer León y Juan Pablo Castro, quienes estuvieron representados durante el proceso judicial por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). Aunque desde esta organización celebraron la condena, insistieron en “la necesidad de avanzar en el esclarecimiento integral de la verdad, especialmente en lo relacionado con los máximos responsables y con la participación y colaboración de agentes estatales y de terceros que facilitaron, promovieron o toleraron estas prácticas criminales”.
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