Al despacho del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ha llegado una solicitud crítica del secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez Vásquez. Esta petición exige la asignación inmediata de esquemas de seguridad a varios representantes que, diez días tras su posesión, aún carecen de protección adecuada.
La solicitud subraya la creciente preocupación por las condiciones de seguridad de los congresistas, especialmente a la luz del reciente atentado contra la vivienda del representante Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán en Norte de Santander. Sánchez Vásquez argumenta que este ataque refleja un patrón más amplio de amenazas hacia quienes desempeñan funciones legislativas, lo que convierte en un asunto inaceptable que otros representantes aún no cuenten con esquemas de seguridad, a pesar de enfrentar niveles de riesgo similares o superiores.
Entre las demandas específicas de la Secretaría General se encuentra la necesidad de agilizar los estudios de nivel de riesgo para los congresistas que no tienen un esquema de protección. Con base en los resultados de estos estudios, se solicita que se les facilite la protección correspondiente, priorizando a aquellos que representan regiones con mayor exposición al peligro.
Además, resulta fundamental reforzar la seguridad del representante Rodríguez Beltrán y su familia, dadas las circunstancias del violento incidente. Otra de las solicitudes incluye que la UNP mantenga informada a la Secretaría General sobre los avances relacionados con las solicitudes de protección, incluyendo los plazos estimados para su implementación.
El documento enfatiza que todos los esquemas de protección, tanto los ya establecidos como aquellos en proceso de asignación, deben ofrecer condiciones reales de seguridad. Esto es esencial para que los congresistas puedan cumplir con su deber en todo el territorio nacional sin temor a represalias.
Además, se destaca la importancia de garantizar la seguridad de los representantes durante la sesión del Congreso Pleno que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026 en Cali, coincidiendo con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema de protección eficaz y eficiente para los legisladores. Las medidas solicitadas son vitales no solo para salvaguardar a individuos, sino también para asegurar la estabilidad y el funcionamiento del sistema democrático en el país.
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