KEN15. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 28/05/2025.- Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos, durante una rueda de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). Una corte federal estadounidenses bloqueó este miércoles buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre las importaciones de numerosos países al considerar que este se está excediendo en sus poderes. EFE/ Kent Nishimura / POOL
El presidente Donald Trump se enfrenta a un importante reto legal en torno a los aranceles globales que implementó el mes pasado, a raíz de la anulación de los deberes arancelarios previos por parte de la Corte Suprema. Esta situación genera una nueva disputa legal sobre el poder ejecutivo que podría tardar meses en resolverse.
Trump anunció que los nuevos aranceles, que imponen un impuesto del 10 % sobre las importaciones a partir del 24 de febrero, son “gravemente defectuosos” y requieren ser revocados. Esta afirmación proviene de una demanda presentada el jueves ante el Tribunal de Comercio Internacional en Manhattan, respaldada por dos docenas de estados. Además, Trump ha manifestado su intención de aumentar este impuesto al 15 %.
Miles de empresas estadounidenses ya están solicitando reembolsos por aproximadamente 170.000 millones de dólares pagados anteriormente bajo aranceles que habían sido revocados. La Corte Suprema determinó el 20 de febrero, en un fallo de 6 a 3, que Trump había impuesto esos aranceles de manera ilegal. El actual paquete de aranceles se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un estatuto poco utilizado que permite al presidente imponer aranceles limitados para abordar importantes déficits de balanza de pagos, algo que los estados alegan que Trump confunde con los déficits comerciales.
El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, uno de los líderes de la demanda, criticó la falta de comprensión de Trump sobre la diferencia entre los déficits de balanza de pagos y los déficits comerciales. “El presidente no sabe la diferencia o no le importa”, afirmó en conferencia de prensa. En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la acción del presidente, afirmando que está utilizando su autoridad bajo la Ley para abordar problemas complejos de pagos internacionales.
En la misma línea, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, expresó que la Sección 122 es una “ley arcaica” que Trump está utilizando para eludir el congreso, alegando que no cuenta con su apoyo. “No tiene el respaldo del Congreso ni del pueblo estadounidense”, afirmó Rayfield.
El conflicto relacionado con la Sección 122 surgió justo cuando la batalla legal por los reembolsos de los aranceles anteriores de Trump comenzaba a intensificarse. Recientemente, un juez en Manhattan ordenó a la administración Trump detener un paso clave en el proceso de reembolso para facilitar la devolución de los aranceles.
Si prospera la demanda, los nuevos aranceles de la Sección 122 podrían ser anulados, generando un nuevo problema de reembolsos tanto para la Aduana como para los importadores. Jeff Harvey, abogado de Bradley Arant Boult Cummings LLP, subrayó que los importadores podrían verse atrapados en un mar de confusión administrativa.
La demanda busca una orden judicial que declare ilegales los nuevos aranceles y exija reembolsos a quienes hayan pagado bajo la Sección 122. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también líder de la demanda, destacó que después de la decisión de la Corte Suprema contra los intentos previos de Trump, el presidente está causando más caos económico al esperar que los ciudadanos asuman los costos.
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