Ejecuciones en Irán por Protestas de Enero
Las autoridades de Irán confirmaron el jueves la ejecución de tres presos que participaron en las protestas de enero, acusados de asesinar a dos agentes de seguridad. Las ejecuciones tuvieron lugar en la ciudad de Qom, donde los condenados fueron ahorcados tras ser hallados culpables de asesinato y de realizar acciones en favor de Estados Unidos e Israel, según la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial del país.
Detalles de los Condenados
Los tres ejecutados han sido identificados como Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi, un luchador profesional de solo 19 años, y Saeid Davudi. Fueron sentenciados a muerte por el delito de moharebeh, un término legal que se traduce como “enemistad contra Dios”, utilizado para castigar delitos que amenazan la seguridad pública, el islam, y actos de espionaje. Las autoridades afirmaron que las sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, tras completar los procedimientos legales con la presencia de abogados defensores.
El Contexto de las Protestas
Los incidentes en cuestión ocurrieron el 8 de enero, cuando los acusados atacaron a los agentes con armas blancas en dos lugares distintos de Qom, resultando en la muerte de ambos. Las autoridades informaron que los tres fueron detenidos durante operaciones de inteligencia y seguridad, y que confesaron su culpabilidad en varias fases del proceso judicial, incluso reconstruyeron el crimen en detalle.
Repercusiones de las Protestas Antigubernamentales
Las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica, fueron reprimidas brutalmente, resultando en la muerte de 3,117 personas, según el balance oficial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, como HRANA, que tiene sede en Estados Unidos, reportaron más de 7,000 muertes y continúan verificando 11,000 casos adicionales, mientras estiman que alrededor de 53,000 personas han sido detenidas.
Aumento en el Número de Ejecuciones
Además, un informe de la ONU señaló que Irán ejecutó a 1,500 personas en 2025, marcando un incremento del 50 % en comparación con el año anterior. Este aumento ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre la rigurosidad de las políticas de seguridad y la administración de justicia en el país.