Imputación a exsecretario de la Cancillería
José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería de Colombia, se suma a la lista de exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que enfrentan acusaciones por su presunta participación en escándalos de corrupción. La Fiscalía ha imputado a Salazar por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Detalles del caso
Las imputaciones contra Salazar Ramírez se centran en su presunta emisión de tres resoluciones que, de manera irregular, habrían dirigido un millonario contrato a la empresa Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes colombianos. En paralelo, se investiga la adquisición de lotes en el departamento del Meta que habrían incrementado su patrimonio personal. Las acusaciones ya han llevado al exministro Álvaro Leyva Durán, quien fue su superior, a ser llamado a juicio por el mismo caso.
El origen de la irregularidad
Según la investigación de la Fiscalía, en septiembre de 2023, el entonces canciller Leyva Durán emitió tres actos administrativos que desviarían la entrega del contrato por COP 559.000 millones. Este acuerdo era crucial para la producción y distribución de pasaportes. A pesar de que un comité evaluador había recomendado a Thomas Greg & Sons, el 13 de septiembre, la primera resolución declaró desierta la licitación pública, deteniendo la entrega del contrato. Al día siguiente, Thomas Greg & Sons interpuso un recurso de reposición que fue negado por Leyva Durán.
Resoluciones controvertidas
El 14 de septiembre de 2023, en otra acción cuestionable, Leyva Durán firmó una declaratoria de urgencia manifiesta que habilitó a la Cancillería para entregar el contrato de manera directa, excluyendo a la mencionada empresa. Posteriormente, cinco meses más tarde, la Fiscalía encontró que Salazar Ramírez habría emitido tres nuevas resoluciones que anularon las decisiones de su superior, aparentemente con la intención de adjudicar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons. Según el ente investigador, Salazar habría excedido sus competencias, ya que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional.
Aumento del patrimonio y acusaciones adicionales
Otro aspecto relevante de la imputación es el notable incremento en el patrimonio de Salazar durante su tiempo en la Cancillería. Entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, Salazar adquirió tres predios rurales en Puerto López, Meta, valorizados en COP 950 millones. La Fiscalía sostiene que la compra se realizó sin justificación financiera, y no se encontraron evidencias de transferencias o soportes bancarios que validaran dichas adquisiciones.
Próximos pasos en el proceso
El exsecretario no ha aceptado los cargos presentados en su contra. A partir de este momento, la Fiscalía deberá proceder con la acusación y seguir investigando el caso. Mientras tanto, el contexto de corrupción en el que se encuentra inmerso el gobierno de Petro sigue generando preocupación en la opinión pública.