La justicia colombiana emitió una condena contra varios de los principales dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su responsabilidad en el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, hechos ocurridos entre 2016 y 2017.
Un juez penal especializado concluyó que las retenciones fueron resultado de una orden directa de la máxima dirigencia de esa organización armada ilegal, con el propósito de intimidar a la prensa y limitar el ejercicio periodístico en una zona estratégica para el grupo insurgente.
Durante el juicio oral, el despacho judicial valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales permitieron establecer que las víctimas —comunicadores colombianos y ciudadanos de los Países Bajos— realizaban labores informativas cuando fueron interceptados en medio de operativos armados del ELN.
Como responsables de los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todos en su modalidad agravada, fueron condenados Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, integrantes del Comando Central (Coce) del ELN.
La decisión judicial también incluye a Leinner José Franco Pérez, conocido como Marcos o Barbas, y a José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar, quienes ejercían liderazgo dentro del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla.
De acuerdo con la investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, las privaciones de la libertad y otros actos de hostigamiento contra periodistas y sus equipos formaban parte de una estrategia ordenada desde la cúpula del grupo armado para reforzar el control territorial en municipios como El Tarra y sus alrededores, así como para restringir la presencia y el trabajo de los medios de comunicación en la región.